Amnistía Internacional ha calificado como una “ola de asesinatos” a la letal represión de las fuerzas de seguridad de Birmania contra los manifestantes antigolpistas y ha acusado a las fuerzas armadas de cometer ejecuciones extrajudiciales. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado la respuesta violenta contra los manifestantes durante las últimas seis semanas, pero no ha llegado a condenar el golpe de Estado del 1 de febrero ni ha amenazado con imponer sanciones contra Birmania. Un grupo de defensa de los derechos humanos en Birmania afirma que al menos 60 personas han muerto y más de 2.000 han sido detenidas desde el inicio de las protestas.
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