La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una amplia legislación que protege el derecho al voto. La Ley para el Pueblo, también conocida como Resolución 1 de la Cámara de Representantes, es el proyecto de ley más completo sobre el proceso electoral en Estados Unidos desde la Ley del Derecho al Voto de 1965. La ley frenaría la manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales; posibilitaría el registro automático, incluso el mismo día de las elecciones; permitiría la votación anticipada hasta dos semanas antes del día de las elecciones y la votación por correo para todas las personas, sin necesidad de cumplir ciertos criterios; y proporcionaría fondos de contrapartida financiados por la administración pública para candidatos al Congreso y a la presidencia.
Una enmienda propuesta por la congresista demócrata del estado de Massachusetts Ayanna Pressley para reducir a 16 años la edad mínima para votar fracasó en la Cámara de Representantes. Otra enmienda para poner fin a la privación del derecho a voto de la población carcelaria también fracasó después de que 119 legisladores demócratas se unieran a los republicanos en contra de la aprobación. La congresista demócrata del estado de Misuri Cori Bush impulsó la enmienda.
Rep. Cori Bush: “Actualmente más de cinco millones de personas están legalmente impedidas de participar en nuestras elecciones. Esto significa 1 de cada 44 estadounidenses, 500.000 hispanos, 1,2 millones de mujeres y una de cada seis personas negras de Estados Unidos. Esta injusticia no puede continuar. No es justo privar del derecho al voto a nuestros propios ciudadanos”.
La Resolución 1 de la Cámara de Representantes otorga a las personas condenadas por delitos graves el derecho a votar después de haber completado la totalidad de sus penas de prisión.
También el miércoles la Cámara de Representantes aprobó la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial. La legislación prohibiría las maniobras de estrangulamiento de la policía y eliminaría la “inmunidad cualificada” de los agentes de policía. También prohibiría llevar a cabo actividades de vigilancia policial basándose en perfiles raciales y religiosos y los allanamientos sin previo aviso, y establecería una base de datos nacional para supervisar el abuso policial. Ambos proyectos de ley pasarán ahora al Senado, donde se necesitan 60 votos a favor para evitar que los republicanos puedan utilizar la regla de obstruccionismo legislativo.
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