Un estudio del medio de comunicación ProPublica concluyó que los fiscales de inmigración continúan deportando a personas que no se consideran una amenaza para la seguridad pública, a pesar de que una política del Gobierno de Biden dispone que se deben posponer o desestimar dichos casos. La política se lleva a cabo a discreción de los fiscales, lo que dificulta la impugnación de los casos.
Esto ocurre al tiempo que los defensores de los derechos de los inmigrantes continúan denunciando al Gobierno de Biden por la cantidad cada vez mayor de inmigrantes y solicitantes de asilo que son encarcelados. En este momento más de 27.000 personas están detenidas en los centros de detención del Servicio de Inmigración, y los activistas advierten que durante el Gobierno de Biden las detenciones se han prácticamente duplicado.
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