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El martes por la noche, el Senado estadounidense votó por abrumadora mayoría ampliar los beneficios de salud y discapacidad de unos 3,5 millones de ex militares estadounidenses que padecen enfermedades por la exposición a sustancias tóxicas provenientes de pozos de quema de residuos en bases militares estadounidenses en Irak y Afganistán. La llamada “Ley PACT”, que aún debe ser promulgada por el Presidente Biden, está destinada a convertirse en la mayor expansión de los beneficios de salud para los veteranos de guerra estadounidenses en más de 30 años, pero no proporciona ayuda a los civiles de Iraq y Afganistán que siguen soportando la peor parte de los impactos económicos y de salud de la exposición al humo tóxico de los pozos de quema. “La campaña por la atención médica para veteranos de guerra bien podría haber sido una lucha conjunta que incluyera a iraquíes [y afganos]”, dice Kali Rubaii, profesora de la Universidad de Purdue, quien acaba de regresar de Fallujah, Irak, donde estuvo hablando con los residentes sobre el impacto de los pozos de quema. La profesora Rubaii explica cómo la ocupación estadounidense de Irak y Afganistán –impulsada por un afán lucrativo– alimentó una gran proliferación de pozos de quema en la región. También hablamos con Kelley Vlahos, del Instituto Quincy, quien conversa con nosotros sobre el camino que recorrió el proyecto de ley en el Congreso, que, según ella, puso a los “veteranos en el punto de mira”.
Para conocer más sobre este tema, vea (en inglés) la conversación que tuvimos con Kali Rubaii y Kelley Vlahos.
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