En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Idaho, Brad Little, aprobó un proyecto de ley que criminaliza el acto de ayudar a una persona menor de 18 años a obtener un aborto en otro estado sin el consentimiento de los padres. Es la primera vez que se aprueba una ley de este tipo en Estados Unidos, que penaliza el “tráfico de abortos” con penas de dos a cinco años de prisión. Alexis McGill Johnson, presidente de la organización de planificación familiar Planned Parenthood, dijo al respecto: “La ley aislará a las personas jóvenes y las pondrá en peligro, incluidas aquellas que se encuentran en situaciones de abuso”.
Mientras tanto, la gobernadora demócrata del estado de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó un proyecto de ley que protege a los proveedores de servicios de aborto frente a posibles demandas judiciales, medidas disciplinarias o intentos de extradición por parte de otros estados.
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