En Estados Unidos, una jueza federal bloqueó un programa de purga del estado de Alabama que tenía como finalidad eliminar a más de 3.000 personas de su padrón electoral. Según Alabama, estas personas no eran ciudadanas estadounidenses y, por lo tanto, no cumplían con los requisitos para votar. El Departamento de Justicia argumentó con éxito que la purga de votantes se produjo demasiado cerca de las elecciones del 5 de noviembre e incluía a ciudadanos naturalizados, quienes de hecho pueden votar.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Nebraska ha ordenado a los funcionarios electorales del estado cumplir con una nueva ley estatal que restablece los derechos electorales a las personas con fallos condenatorios por delitos graves que hayan cumplido sus sentencias. La ley había sido impugnada por miembros del Partido Republicano de dicho estado, incluidos el fiscal general y el secretario de Estado de Nebraska. El retraso en la implementación de la ley implica que miles de personas que recientemente recuperaron sus derechos electorales tendrán solo unos días para registrarse para votar antes de la fecha límite del 25 de octubre.
En Arizona, un importante Comité de Acción Política a favor de Trump ha estado enviando a votantes de edad avanzada un correo falso y engañoso que dice: “Aviso de cancelación de Medicare”, y cuya dirección de remitente del correo es: “Departamento de Cancelación de Medicare, Gobierno de Kamala Harris”. Medicare es un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. El Comité de Acción Política a favor de Trump denominado MAGA Inc. no respondió a una pregunta de la revista Mother Jones sobre si su intención era que el correo pareciera un aviso oficial a fin de asustar a las personas de edad avanzada.
En el estado de Wisconsin, organizaciones de defensa de los derechos electorales han pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Departamento de Justicia estatal que investiguen los mensajes de texto con advertencias sobre multas e importantes penas de prisión que han recibido estudiantes en edad universitaria. Los mensajes dicen: “No vote en un estado donde no cumple los requisitos”. La organización Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin escribió al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland: “Muchos estudiantes, al igual que otros votantes jóvenes, temen tener que enfrentar un proceso penal si se registran y ejercen su derecho al voto debido a un mensaje de texto malicioso e inexacto que ha sido enviado por un tercero anónimo”.
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