El Gobierno de Trump ha anunciado que, a partir de enero, embargará los salarios de las personas que hayan recibido préstamos estudiantiles y no hayan podido realizar sus pagos durante al menos nueve meses. “Es cruel y hostil para los trabajadores poner en marcha este sistema sin tener la seguridad de que se podrá ejecutar de manera adecuada”, señala Julia Barnard, coordinadora del equipo de educación superior de la organización Debt Collective y ex defensora del pueblo en materia de préstamos estudiantiles de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Barnard les sugiere a las y los estudiantes deudores que enfrentan dificultades financieras que “inmediatamente [impugnen] cualquier notificación de incautación de salarios que reciban”. Además, expone lo que está en juego con esta medida, brinda opciones para quienes estén en una situación de incumplimiento y más.
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