La Corte Suprema estadounidense parece dispuesta a bloquear una demanda histórica de 10.000 millones de dólares que el Gobierno mexicano interpuso contra siete importantes fabricantes de armas en Estados Unidos y un distribuidor mayorista. En la demanda, el Gobierno mexicano alega que dichas empresas son cómplices e incitadoras del contrabando ilegal de cientos de miles de armas que llegan cada año a México, lo cual alimenta la violencia de los cárteles de la droga. Durante los alegatos orales del martes, tanto los jueces liberales como los conservadores parecieron estar de acuerdo con los fabricantes de armas estadounidenses, quienes dijeron que la demanda de México viola una ley de 2005, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a la industria de armas de fuego de la mayoría de las demandas en los tribunales estadounidenses. Estas fueron las palabras expresadas por Catherine Stetson, una abogada que representa al Gobierno mexicano.
Catherine Stetson: “La demanda de México sostiene que los apelantes indujeron y fueron cómplices de las violaciones de determinadas leyes federales relacionadas con las armas, y que dichas violaciones causaron daño directo a México. Esto cumple con la excepción establecida en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. En primer lugar, la denuncia detalla que los apelantes abastecen deliberadamente el mercado ilegal mexicano mediante la venta de armas a través de un pequeño número de distribuidores, que ellos saben que venden una gran cantidad de armas que se utilizan para el delito y que venden, en repetidas ocasiones, grandes cantidades de estas armas a los traficantes de los cárteles”.
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