Naciones Unidas ha declarado oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza, donde más de medio millón de palestinos enfrentan condiciones de “inanición generalizada, indigencia y muertes evitables”. La declaración de la ONU se produce tras 22 meses de bombardeos israelíes prácticamente constantes, junto con el desplazamiento forzado y continuo de la población palestina, severas restricciones al acceso de alimentos, agua y medicamentos a Gaza, y el colapso de los sistemas de salud, saneamiento y comercio del enclave. Estas fueron las palabras expresadas este viernes por el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, desde la ciudad de Ginebra.
Tom Fletcher: “Esta es una hambruna en 2025, una hambruna del siglo XXI vigilada por drones y la tecnología militar más avanzada de la historia. Esta es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra. Es una hambruna que ocurre bajo nuestra supervisión. Todo el mundo es responsable de esto. La hambruna de Gaza es la hambruna del mundo”.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que reanudará las negociaciones indirectas con Hamás a fin de lograr la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza. Sin embargo, Netanyahu dijo que no detendrá su campaña militar para tomar el control de la ciudad de Gaza, mientras fuerza el desplazamiento de su casi un millón de habitantes.
Al menos 25 palestinos murieron debido a una serie de implacables ataques de Israel contra Gaza, que continuó durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Entre los muertos hay al menos doce civiles que perdieron la vida cuando Israel bombardeó una escuela que albergaba a familias desplazadas en el barrio Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza. En Deir al-Balah, Saja Hamad, de 23 años, se está recuperando de las heridas que sufrió tras ser rescatada de entre los escombros de su casa, que fue destruida durante un ataque aéreo israelí contra el campamento de refugiados de Nuseirat.
Saja Hamad: “No sentí nada. Estaba durmiendo en la otra habitación y, de repente, no escuché nada, solo me di cuenta de que estaba bajo los escombros. Todo cayó sobre mi cara. Yo gritaba y llamaba a mi familia. Pensé que todos estaban muertos. […] No esperaba que estuvieran con vida. Pensé que me había quedado sola”.
Una base de datos interna de los servicios de inteligencia de Israel revela que al menos el 83% de los palestinos que murieron en ataques israelíes contra Gaza eran civiles. Esta información se desprende de una investigación conjunta del periódico The Guardian y los medios israelíes Local Call y 972 Magazine, que revelaron que la proporción de civiles masacrados por Israel es exacerbadamente elevada para una guerra moderna.
El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, promulgó el jueves una legislación que autoriza a convocar elecciones especiales en noviembre para que los votantes decidan si quieren renunciar a un proceso independiente de demarcación de distritos congresuales y aprobar un nuevo mapa electoral que favorezca a los demócratas. La promulgación de Newsom se produjo pocas horas después de que los legisladores de la ciudad de Sacramento aprobaran la medida. El presidente de la Asamblea estatal de California, el demócrata Robert Rivas, calificó el mapa propuesto como una respuesta directa a la nueva redistribución de los distritos electorales que aprobó esta semana la Cámara de Representantes de Texas, que está liderada por los republicanos, a pedido del presidente Trump. El nuevo mapa congresual de Texas ha sido diseñado para otorgarle al Partido Republicano cinco nuevos escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de 2026.
Robert Rivas: “No permitiremos que el autoritarismo se apropie de nuestro sistema político. Y hoy le otorgamos a cada californiano la posibilidad de decir 'no' a la acumulación de poder por parte de Donald Trump y 'sí' a nuestro pueblo, a nuestro estado y a nuestra democracia”.
Washington D.C. sigue siendo escenario de protestas contra la toma de control federal de la fuerza policial de la ciudad y el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional por parte del presidente Trump. El jueves, Trump visitó a cientos de efectivos de la Guardia Nacional y agentes federales desplegados en el distrito, a quienes les entregó pizzas y hamburguesas, y elogió sus medidas de represión, que, según la Casa Blanca, han derivado en unos 600 arrestos desde principios de agosto.
Cientos de inmigrantes han sido arrestados en los últimos días en Washington D.C., al tiempo que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos participan, junto con agentes de policía de la capital del país, en controles de tránsito que tienen como objetivo a repartidores que se desplazan en motocicletas. Según se informa, los agentes del Servicio de Inmigración se están basando en la información que figura en las licencias de conducir, la matrícula y el seguro para determinar el estatus migratorio de las personas que la policía detiene. De acuerdo con la Casa Blanca, más de 200 inmigrantes han sido arrestados desde que Trump tomó el control federal de Washington D.C., una medida que viola las llamadas “políticas de santuario” de la ciudad, que restringen la colaboración entre la policía local y las agencias federales de inmigración. Esto se produce al tiempo que el Pentágono está reclutando civiles para que se unan a la represión de Trump contra los inmigrantes, pidiéndoles que se alisten voluntariamente para ayudar en las redadas de inmigración.
Una jueza federal de la ciudad de Miami ordenó al Gobierno de Trump detener el traslado de inmigrantes a una precaria cárcel de inmigración que fue construida en un aeródromo situado en los remotos pantanos de los Everglades de Florida y que ha sido apodada por los republicanos como “Alligator Alcatraz” (el Alcatraz de los caimanes). El fallo del jueves concluye que el estado de Florida y el Gobierno federal actuaron de manera ilegal al omitir una revisión ambiental requerida por ley antes de construir y poner en funcionamiento dicha instalación. Los funcionarios de Trump ahora tendrán que desmantelar gran parte del campamento de detención para retirar “todos los generadores, el gas y el alcantarillado, así como otros residuos y recipientes de residuos” que fueron instalados allí, debido a violaciones relacionadas con las leyes medioambientales. Esto ha generado preocupaciones sobre cómo la instalación podría permanecer operativa con cientos de inmigrantes aún dentro. La decisión de la jueza se produjo como parte de una demanda federal que fue presentada por organizaciones ambientalistas y la Tribu Miccosukee.
El Departamento de Estado de Estados Unidos está revisando los registros de más de 55 millones de inmigrantes con visas estadounidenses válidas y amenazando con revocarlas si el Gobierno de Trump detecta posibles infracciones de la ley que podrían derivar en su deportación. Esto incluye lo que los funcionarios de Trump denominan “estar involucrados en cualquier forma de actividad terrorista”. A principios de esta semana, el Gobierno de Trump anunció que ampliará el riguroso control y escrutinio de las publicaciones en redes sociales de los solicitantes de visas a fin de detectar las llamadas “opiniones y actividades antiestadounidenses”. Se pueden encontrar referencias sobre las opiniones y actividades “antiestadounidenses” en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que en el momento de su promulgación se centraba principalmente en la persecución de presuntos comunistas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el jueves que la propuesta europea de desplegar soldados en Ucrania una vez terminada la guerra equivaldría a una “intervención extranjera” y, por lo tanto, es inaceptable para Moscú. Esta declaración sembró más dudas sobre la intención de Trump de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el líder ruso, Vladimir Putin, se reúnan para negociar la paz. El jueves, Zelensky dijo que Rusia ya había comunicado sus intenciones de continuar su guerra en Ucrania. La declaración de Zelensky se produjo después de que el Ejército ruso lanzara un ataque a gran escala con drones y misiles contra territorio ucraniano, incluido un bombardeo con misiles de crucero contra una fábrica de productos electrónicos de propiedad estadounidense que dejó 15 personas heridas en el oeste de Ucrania.
Presidente Volodymyr Zelensky: “Los rusos sabían perfectamente cuál era el objetivo de su ataque. Este fue un ataque con misiles. Creemos que este fue un ataque deliberado contra propiedad estadounidense aquí en Ucrania, un ataque muy revelador, como todo este ataque a gran escala, que se produjo en el mismo momento en el que el mundo espera una respuesta clara de los rusos, una respuesta sobre las negociaciones para poner fin a la guerra “.
La policía de Italia afirma haber arrestado a un hombre ucraniano sospechoso de coordinar el sabotaje a tres gasoductos Nord Stream ocurrido en 2022. Las explosiones submarinas causaron graves daños a la infraestructura, que fue construida para transportar gas natural desde Rusia hacia Europa occidental. Estados Unidos inicialmente culpó del sabotaje a Rusia. Los fiscales federales alemanes han identificado al sospechoso como “Serhii K.”, de 49 años. El acusado presuntamente forma parte de un pequeño grupo de ucranianos que utilizó un yate alquilado, navegación satelital, un sonar y mapas del fondo marino para colocar explosivos controlados por temporizadores en los tres gasoductos situados en el fondo del mar Báltico.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves que el Gobierno de Trump puede proceder con sus planes para cancelar casi 800 millones de dólares en subvenciones para tareas de investigación de los Institutos Nacionales de Salud que tengan vínculos con esfuerzos de promover la diversidad, equidad e inclusión. El fallo del alto tribunal, que contó con cinco votos a favor y cuatro en contra, anula una orden de un tribunal inferior que bloqueaba la abrupta cancelación por parte del Gobierno de Trump de unas 1.700 subvenciones para proyectos relacionados con enfermedades cardíacas, VIH/sida, enfermedad de Alzheimer, abuso de sustancias y salud mental.
El periódico The New York Times informa que el Gobierno de Trump está ignorando una directiva del Congreso de Estados Unidos para financiar completamente el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés), un programa de tratamiento y prevención del VIH/sida que ha salvado 26 millones de vidas desde que el presidente George W. Bush lo convirtió en ley en 2003. El periódico informa que la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, cuyo director es Russell Vought, ha destinado menos de la mitad de los 6.000 millones de dólares que el Congreso le asignó al PEPFAR para el año fiscal en curso.
Mientras tanto, un sindicato que representa a trabajadores federales dijo el jueves que el Gobierno de Trump ha despedido de forma permanente a 600 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una medida que forma parte de los despidos masivos propuestos por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
El Gobierno de Trump canceló una subvención de millones de dólares para un programa de educación sexual del estado de California, después de que los educadores se negaran a eliminar de su plan de estudios todas las referencias a la identidad de género, así como a las personas trans y de género no binario. El programa tiene como objetivo ayudar a prevenir los embarazos infantiles no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.
Por otra parte, el Departamento de Educación de Estados Unidos anuló en secreto esta semana una directiva que ordenaba a las escuelas a prestar servicios especiales para estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Esto se produce luego de que Trump emitiera una orden ejecutiva para designar el inglés como el “idioma oficial” de Estados Unidos.
Un juez federal dictaminó el jueves que la exabogada personal de Trump Alina Habba ha estado ocupando el cargo de fiscal federal del Distrito de Nueva Jersey de forma ilegal. Habba había estado ejerciendo como fiscal federal interina hasta julio, cuando expiró su nombramiento. Después de que un panel de jueces seleccionara a la experimentada fiscal de Nueva Jersey Desiree Grace como su sucesora, el Departamento de Justicia de Trump la despidió de inmediato y volvió a nombrar a Habba en su lugar.
Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló una multa de 500 millones de dólares que había sido impuesta a Donald Trump, dos de sus hijos y la Organización Trump como parte de un caso civil de fraude. El panel de cinco jueces del tribunal de apelaciones de Nueva York dictaminó, de forma dividida, que la sanción financiera constituía una “multa excesiva” que violaba la Octava Enmienda de la Constitución Nacional de Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal confirmó parte de la sentencia, que restringe temporalmente a Donald Trump y a sus hijos Eric y Donald Jr. a hacer negocios en Nueva York. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, prometió apelar el fallo y, en un comunicado, dijo al respecto: “Esto no debe perderse en la historia: otro tribunal ha dictaminado que el presidente violó la ley, y que nuestro caso tiene mérito”.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrenta un nuevo escrutinio debido a que una de sus exasesoras intentó sobornar el miércoles a una reportera del periódico The City después de un evento de campaña. Winnie Greco le entregó a la periodista Katie Honan una pila de dinero en efectivo dentro un sobre rojo escondido en una bolsa de papas fritas abierta. El sobre contenía al menos un billete de 100 dólares y varios billetes de veinte. Greco, quien renunció a su cargo en 2024 mientras era investigada por el FBI, se había ofrecido trabajar como voluntaria en la campaña de reelección del alcalde Adams. El equipo legal que representa a Winnie afirmó que el intento de soborno fue, en realidad, un gesto cultural chino en el que el dinero se usa para expresar gratitud. Por su parte, The City informó de inmediato el incidente a las autoridades.
Ingrid Lewis-Martin, quien también es una aliada de larga data de Adams, ha sido acusada de una nueva serie de cargos de soborno. La acusación alega que Lewis-Martin aceptó más de 75.000 dólares en sobornos como parte de un esquema que se desarrolló entre 2022 y 2024, mientras se desempeñaba como asesora principal de Adams. En 2024, Lewis-Martin y su hijo también fueron acusados de soborno, lavado de dinero y conspiración.
En Estados Unidos, agentes federales están allanando la vivienda de John Bolton, quien se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, antes de renunciar y convertirse en un crítico acérrimo del actual presidente estadounidense. La agencia de noticias Associated Press citó a una fuente cuya identidad no ha revelado e informó que el allanamiento forma parte de una investigación que involucra el manejo de documentos clasificados. Esta mañana, antes del allanamiento, el director del FBI, Kash Patel, publicó un mensaje enigmático en la red social X que decía: ”NADIE está por encima de la ley […] Agentes del @FBI están en una misión”.