A finales de marzo, el Gobierno de Trump anunció una amplia reorganización del Servicio Forestal de Estados Unidos, la agencia federal que se encarga de administrar 78 millones de hectáreas de tierras públicas en 43 estados, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Como parte de las reformas, se cerrarán 57 de las 77 estaciones de investigación que funcionan en el país y las oficinas centrales se mudarán de Washington D.C. a Salt Lake City. Si bien se presenta como una reestructuración para mejorar la eficiencia de la agencia, el conservacionista Jim Pattiz señala que, en los hechos, la destruirá.
“Esta agencia tiene una importancia crítica”, dice Pattiz, coautor del boletín “More Than Just Parks” (Más que simples parques), que rastrea cuáles son las amenazas a las tierras públicas que existen actualmente en todo el país. “La intención aquí es obvia. Se trata de vaciar esta agencia y entregársela a la industria extractivista, así como sentar las bases para, potencialmente, transferir en algún momento el manejo de nuestras tierras públicas a los estados”.
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