El Gobierno de Trump continúa con sus ataques contra el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, que ha otorgado permisos de trabajo y garantías contra la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en su niñez. Recientemente, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés), un tribunal administrativo del Departamento de Justicia, dictaminó que el hecho de estar incluido en el programa DACA no es suficiente para evitar la deportación, lo cual sienta un precedente que podría poner en riesgo a cientos de miles de personas.
La congresista demócrata Delia Ramírez de Illinois, cuyo esposo fue beneficiario del DACA, considera que la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración es “muy preocupante” y es parte de una política más amplia de “usar el sistema judicial como arma” contra la gente inmigrante. Ramírez plantea que el Congreso debe actuar al respecto y aprobar una legislación que ponga fin al limbo jurídico en el que se encuentran las personas beneficiarias del DACA y otros millones de inmigrantes.
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