Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos realizó una audiencia para evaluar las medidas tomadas por el presidente Trump para despojar del estatus de protección temporal (TPS) a 350.000 inmigrantes provenientes de Haití y 6.100 provenientes de Siria que viven en Estados Unidos. El programa TPS otorga garantías contra la deportación y autorización de trabajo a inmigrantes en cuyos países de origen existen condiciones de inseguridad que les impiden regresar, generalmente debido a guerras o desastres naturales. Las ramificaciones del caso podrían afectar a más de un millón de personas de más de una docena de países que poseen el estatus de protección temporal.
Beneficiarios del estatus de protección temporal de Haití y Siria señalan que sus países siguen siendo inseguros y que el Departamento de Seguridad Nacional no siguió el procedimiento adecuado para quitarles dicho estatus. Además, en su demanda judicial, los beneficiarios haitianos del TPS acusan al Gobierno de actuar en base a una motivación racista, una acusación que fue avalada por el fallo de un tribunal inferior en febrero.
“La situación en Haití sigue siendo mala y [los poseedores del TPS] no pueden regresar. Así que puedes imaginar la incertidumbre con la que viven todos los días”, dice Vilès Dorsainvil, querellante en la demanda conocida como “Trump contra Miot”, presentada por beneficiarios haitianos del TPS. Dorsainvil es cofundador y director ejecutivo del Centro de Ayuda y Apoyo a la Comunidad Haitiana de Springfield, Ohio. En 2024, el presidente Trump atacó a la población haitiana de Springfield a la cual acusó sin fundamentos de comer perros y gatos. “Han convertido a nuestra comunidad en un chivo expiatorio”, dice Dorsainvil.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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