Dos oficiales que defendieron el Capitolio durante la insurrección del 6 de enero de 2021 presentaron una demanda en un tribunal federal que busca frenar la creación del llamado fondo contra la instrumentalización del poder judicial, de 1.800 millones de dólares. El exoficial de la Policía del Capitolio Harry Dunn y el oficial del Departamento de Policía Metropolitana Daniel Hodges presentaron dicha demanda judicial porque el fondo podría usarse para compensar a las personas que los atacaron a ellos y a sus colegas en el ataque al Capitolio. Ambos oficiales dicen que, desde ese día, enfrentan constantemente amenazas creíbles.
“Este fondo reservado ilícito se utilizará para financiar a los Proud Boys, a los Oath Keepers”, plantea Brendan Ballou, director ejecutivo de la organización Public Integrity Project y abogado de los oficiales Dunn y Hodges. “Será una forma de respaldo presidencial a estas personas, de decir que no solo […] se las mantendrá fuera del alcance de la ley, sino que, de hecho, se las recompensará financieramente por actuar así”. Ballou también se ha desempeñado como fiscal federal, cargo desde el cual se dedicó durante dos años a procesar judicialmente a participantes de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
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