El viernes 12 de junio expira una disposición clave de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA por sus siglas en inglés) a menos que el Congreso de Estados Unidos la prorrogue. Dicha disposición, la sección 702, autoriza la vigilancia sin orden judicial a ciudadanos extranjeros que se cree que se encuentran fuera de Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, también se recopilan y almacenan enormes cantidades de información sobre personas que se encuentran dentro del país, de dispositivos como correos electrónicos, mensajes de texto y teléfonos celulares. Dicha disposición de la Ley FISA se promulgó en 2008 para legalizar el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial desarrollado por George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001.
Ahora, un grupo de senadores de ambos partidos se opone a la prórroga de la sección 702 debido a la decisión de Trump de nombrar a Bill Pulte, un político leal al movimiento MAGA, como director interino de Inteligencia Nacional, en reemplazo de Tulsi Gabbard, quien anunció su renuncia en mayo. Pulte no tiene antecedentes conocidos en el área de Inteligencia. Actualmente se desempeña como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, cargo que ha utilizado para ejecutar la campaña de represalias de Trump contra sus enemigos políticos.
“Fue necesario el nombramiento de un tipo completamente no apto [para el cargo] para conseguir la cantidad suficiente de miembros del Congreso para realmente detener [la Sección 702]”, señala Cindy Cohn, directora ejecutiva de la organización Electronic Frontier Foundation. “Es hora de mirar bien y escuchar atentamente cuáles son las protecciones de privacidad que se necesitan, de mínima, para que este programa pueda continuar”. Cohn señala que el “aparato de vigilancia masiva para la seguridad nacional que se construyó después del 11 de septiembre siempre ha sido una amenaza para la libertad”.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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