
Analizamos el modo en que las políticas estadounidenses posteriores al 11 de septiembre de 2001, así como la llamada guerra contra el terrorismo, reconfiguraron el país y el mundo. Nos acompañan dos miembros del cuerpo docente de la Universidad de Columbia que organizaron un simposio de dos días “La guerra eterna y la Primera Enmienda”. El simposio convocó a periodistas, activistas, abogados y personas del ámbito académico para explorar el legado de la “guerra contra el terrorismo”, poniendo el eje específicamente en el impacto que ésta ha tenido sobre los derechos democráticos, en particular la libertad de expresión y de prensa.
Las libertades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense “fueron puestas a prueba de inmediato en los días y semanas posteriores al 11-S”, plantea Jameel Jaffer, experto en leyes y director del Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia. “Todos los poderes de vigilancia que se autorizaron después del 11 de septiembre [de 2001]”, dice Jaffer, “inicialmente fueron justificados en referencia a amenazas extranjeras. Y ahora, cada vez más, estamos viendo que el Gobierno de Trump los usa para reprimir la disidencia interna”.
“Si recordamos el clima que había tras ese 11 de septiembre […] las salas de redacción implementaron cambios y comenzaron a ocuparse de cubrir la seguridad nacional”, añade Azmat Khan, de la Escuela de Periodismo de Columbia, quien ganó un Premio Pulitzer por exponer la masividad de las muertes de civiles provocada por los ataques aéreos liderados por Estados Unidos en Irak, Siria y Afganistán. “Los medios de comunicación tradicionales, en ese período, dependían en gran medida de fuentes anónimas, que a veces eran de los propios servicios de inteligencia, o filtraciones a periodistas que a menudo provenían de un Gobierno que estaba intentando llevar a la sociedad a la guerra”.
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