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Hace diez años, las estremecedoras fotos de personal militar estadounidense humillando y torturando a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib desataron una protesta en todo el mundo, así como audiencias, investigaciones y acusaciones a nivel nacional. Pero muchos de los que estuvieron en el centro de los abusos cometidos en Abu Ghraib nunca tuvieron que presentarse ante los tribunales. El intento de imputar a la empresa contratista estadounidense CACI International podría dar como resultado que las víctimas de tortura tengan que pagar los costos legales. En septiembre, un tribunal federal ordenó a cuatro iraquíes que habían estado prisioneros en Abu Ghraib que le pagaran a CACI unos catorce mil dólares, luego de que la demanda por tortura a dicha empresa fracasara. Al desechar el juicio inicial, el juez del caso no se ocupó directamente del papel de CACI en los abusos, sino que citó un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que limita los juicios contra las empresas por abusos cometidos en territorio extranjero. Nos acompaña Baher Azmy, director legal del Centro para los Derechos Constitucionales y principal consejero de los demandantes en el juicio a CACI.
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