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El lunes se cumplieron seis meses del día en que un agente de policía blanco asesinara a Michael Brown, un adolescente negro desarmado, en Ferguson, Missouri. La muerte de Brown desató protestas y además se convirtió en símbolo de la brecha racial en EE.UU. Ahora, medio año después, una importante acción legal está exponiendo dicha brecha. El domingo, más de una decena de residentes de la zona de St. Louis presentó una demanda colectiva contra las autoridades de Ferguson y Jennings, otro suburbio de la zona. Los residentes acusan a los funcionarios locales de crear un “moderno plan penitenciario para deudores” que tiene por objeto a los afro estadounidenses que tengan antecedentes de detenciones y multas, para luego encerrarlos cuando no puedan pagar. Un estudio realizado el año pasado por la organización ArchCity Defenders encontró que una gran parte de los ingresos destinados a varios condados de St. Louis provienen de multas pagadas por residentes afroestadounidenses que son objeto de multas de tránsito y otras infracciones menores de manera desproporcionada. En Ferguson, las multas y los aranceles fueron la segunda fuente más grande de ingresos en el año fiscal 2014. Ferguson emitió en promedio casi tres intimaciones de pago por hogar el año pasado, el mayor número de intimaciones emitidas por el estado, en relación a su tamaño. Hablamos con Michael-John Voss, abogado director de la organización ArchCity Defenders, uno de los grupos que presentó la demanda contra las autoridades de Ferguson y Jennings. También nos acompañan Allison Nelson y Herbert Nelson, dos de los querellantes en la demanda colectiva.
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