El gobierno de Obama es por lejos el más agresivo de la historia en materia de castigo a las filtraciones y ha procesado a algunos denunciantes, como Chelsea Manning, Edward Snowden, Thomas Drake, John Kiriakou y varios otros. Pero ¿hay un doble estándar cuando se trata de decidir a quién se castiga y a quién se deja en libertad? Esa es la pregunta que surge después del flexible acuerdo de reducción de pena logrado por David Petraeus, general retirado y ex titular de la CIA. A diferencia de otros casos, Petraeus no dio a conocer información que revelara irregularidades del gobierno, sino compartió material secreto con su novia, Paula Broadwell, que estaba escribiendo su biografía. Petraeus le permitió a Broadwell tener acceso a su casilla de correo en la cuenta de la CIA y a otro material sensible, entre ellos, los nombres de agentes secretos en Afganistán, estrategias de guerra y citas de reuniones en la Casa Blanca. A principios de este mes, Petraeus llegó a un acuerdo de reducción de pena, al admitir un cargo de remoción no autorizada y retención de información clasificada. Los fiscales no pedirán cárcel sino dos años de libertad condicional y una multa. Él sigue siendo un funcionario público que asesora a la Casa Blanca en asuntos relacionadas a la guerra contra el grupo Estado Islámico. Hablamos con Jesselyn Radack, directora de Seguridad Nacional y Derechos Humanos en la organización Government Accountability Project y ex asesora de ética para del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Radack es la abogada de Edward Snowden, Thomas Drake y John Kiriakou, los tres denunciantes acusados conforme a la Ley de espionaje. Acaba de escribir un artículo para la revista Foreign Policy titulado “Petraeus, Snowden, and the Department of Two-Tiered Justice” (Petraeus, Snowden y el Departamento de dos niveles de Justicia).
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