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En España, las empresas de combustibles fósiles más contaminantes del país son a la vez algunos de los financistas más generosos de las conversaciones de la ONU sobre el clima este año. El sábado 6 de diciembre, nos sumamos a un grupo de activistas que hacían un “recorrido por lugares contaminados” de Madrid, desde la Bolsa de Comercio de Madrid hasta el Banco Santander. Los activistas explicaron que cuando el presidente español, Pedro Sánchez, anunció que España sería sede de la COP25, fue a IBEX 35, las 35 empresas que forman parte de la Bolsa de Comercio española, y les ofreció un 90% de reducción impositiva a cambio de un aporte de $2 millones. Los activistas afirman que estas mismas empresas “tienen vínculos profundos y sucios con la industria de los combustibles fósiles”. Pero a mitad de camino, la policía les impidió seguir el recorrido pacífico y amenazó con poner multas de más de tres mil euros si no se dispersaban. Héctor de Prado, miembro de la campaña por la justicia climática impulsada por la organización Friends of the Earth International, afirma que se sorprendió y “se avergonzó” por los intentos de la policía de frenar el recorrido. “No es normal”, afirma.
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