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Una jueza federal aprobó un plan para que Puerto Rico reestructure una porción de su deuda. Esto implicaría que Puerto Rico debe pagar $32 mil millones de dólares durante cuarenta años. Los detractores del acuerdo afirman que el acuerdo permitirá a los fondos buitre obtener enormes ganancias con la compra de esa deuda. Muchos de los fondos buitre son fondos de jubilación de empleados del sector público y fondos de inversiones de Harvard, Princeton y Yale. La jueza Laura Taylor Swain, que el mes pasado hizo una audiencia sobre el acuerdo propuesto, se hizo eco de las preocupaciones de los detractores del acuerdo en relación a la capacidad de Puerto Rico para cumplir con los pagos y los posibles efectos en los servicios públicos. Sin embargo, en su fallo dijo: “El tribunal no tiene libertad para imponer su propia perspectiva acerca de la que podría haber sido la resolución optima del conflicto”.
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