El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes una nueva norma que hará más difícil que los inmigrantes documentados de bajos ingresos permanezcan en el país. La que se conoce como la norma de la “carga pública” sancionaría a los inmigrantes que busquen obtener beneficios como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios de vivienda, y permitiría que los funcionarios de Inmigración puedan negar las tarjetas verdes de residencia permanente y las solicitudes de visa a esas personas. Además, a los inmigrantes que tienen ingresos más bajos o una educación menos formal se les podría negar el estatus permanente, si se considera que es muy probable que necesiten asistencia pública en el futuro.
Los expertos dicen que la nueva norma impactaría gravemente a la inmigración familiar que proviene de países de América Latina y África y podría llevar a más deportaciones de inmigrantes con estatus migratorio temporal o provisional que ya están establecidos en Estados Unidos pero que no cumplen con los nuevos requisitos. Los opositores de esta iniciativa también dicen que los inmigrantes podrían desafiliarse de los programas esenciales que protegen a los niños y las familias.
El director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Kenneth Cuccinelli, anunció la norma en la Casa Blanca.
Kenneth Cuccinelli dijo: “A través de la regla de la carga pública, el Gobierno del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos. Nuestra norma evita, en general, que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o se queden aquí y obtengan una tarjeta verde de residencia permanente”.
Steve Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, respondió al anuncio, diciendo: “Esta norma dice esencialmente que quien no sea blanco, no sea rico, deberá renunciar a comer, tener una vivienda y recibir atención médica básica”. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración, así como los fiscales generales en California y otros estados, han anunciado que impugnarán la norma, que por ahora se espera que entre en vigor en octubre.
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