Purdue Pharma se declaró en bancarrota el domingo, luego de llegar a un acuerdo tentativo con varios gobiernos estatales, locales y tribales sobre el papel de la compañía en el fomento de la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Según el acuerdo alcanzado, la familia Sackler, propietaria de Purdue, pagaría personalmente 3.000 millones de dólares en efectivo más otros 1.500 millones de dólares después de que se complete la venta pendiente de una compañía subsidiaria. Muchos demandantes se han opuesto al acuerdo, ya que permite que la familia Sackler siga siendo multimillonaria y no admita haber cometido ningún acto indebido.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha acusado a Purdue de pagar menos de lo que establece la ley a las víctimas, según el acuerdo, después de revelar que su oficina encontró al menos 1.000 millones de dólares en transferencias electrónicas de Sackler, algunas de ellas a través de cuentas en bancos suizos. Nueva York está a la espera de las revelaciones financieras de otras 32 fuentes, lo que podría validar aun más las afirmaciones de que los Sackler están protegiendo su extrema riqueza en inversiones e instituciones extranjeras.
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