Un juez federal del estado de California ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que realice pruebas rápidas de diagnóstico de COVID-19 in situ y que cree una sección que albergue a reclusos que han dado positivo por coronavirus en el Centro de Detención Mesa Verde, ubicado en la ciudad de Bakersfield. La orden del jueves llega a consecuencia de un brote de coronavirus que provocó la hospitalización de dos reclusos y el contagio de al menos otros siete. El fallo cita correos electrónicos alarmantes entre funcionarios del Servicio de Inmigración y GEO Group, la empresa de prisiones privadas que administra Mesa Verde. En un correo electrónico, un especialista en operaciones clínicas de una empresa de atención médica que brinda servicios al Servicio de Inmigración afirma: “Hacer pruebas a todos los detenidos podría causar los mismos problemas de alojamiento que tuvimos la semana pasada, pero a mayor escala. Realizar las pruebas no es el problema, el problema es lo que tendremos que hacer con los resultados una vez que lleguen”. Más de 4.100 reclusos han dado positivo por COVID-19 en las prisiones del Servicio de Inmigración en todo Estados Unidos.
En más noticias sobre inmigración, dos hombres que se encontraban bajo custodia de Inmigración murieron el miércoles, haciendo que este año fiscal sea el más mortífero para los inmigrantes en custodia de la agencia desde 2006. Mientras tanto, el Gobierno de Trump está aumentando drásticamente las tarifas para decenas de solicitudes de visa de trabajo e inmigración. Esto incluye un aumento de más del 80% en las solicitudes de naturalización, que ahora costarán más de 1.000 dólares. También habrá una tarifa sin precedentes de 50 dólares para las solicitudes de asilo. Las nuevas tarifas entrarán en vigor en octubre.
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