En Estados Unidos, la Universidad de Idaho ha advertido a sus empleados que no hablen con los estudiantes sobre métodos anticonceptivos ni brinden asesoramiento sobre salud reproductiva, ya que pueden ser despedidos y acusados de un delito grave. Desde que la Corte Suprema emitió en junio el dictamen que anuló el derecho federal al aborto que había sido garantizado por el fallo del caso “Roe contra Wade” de 1973, el estado de Idaho ha prohibido casi todos los abortos bajo una “ley de activación” aprobada en 2019. La semana pasada, el consejo general de la universidad escribió un correo electrónico dirigido a la facultad y al personal en el que indicaba que los funcionarios también harán cumplir una ley que data de 1867, cuando Idaho aún no era un estado sino un territorio de Estados Unidos, que convierte en un delito promocionar servicios de aborto y control de la natalidad. Varios grupos de defensa de las libertades civiles han denunciado las directrices como una violación de la libertad de expresión en el campus. Adam Steinbaugh es abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE, por sus siglas en inglés).
Adam Steinbaugh: “La Primera Enmienda [de la Constitución] protege el derecho de poder discutir asuntos que son relevantes para la clase en universidades y colegios públicos. La Primera Enmienda protege ese derecho. Y si les estas diciendo que podrían terminar esposados si pareciera que están promoviendo el aborto en su clase o trabajo académico, ese es un problema de la Primera Enmienda”.
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