Puerto Rico salió oficialmente de la bancarrota este martes, casi seis años después de que el Congreso de Estados Unidos impusiera una junta de control externa para administrar la economía de la isla, por medio de la ley conocida como PROMESA. En lo que constituyó el plan de reestructuración de deuda más grande en la historia de Estados Unidos, PROMESA redujo la mayor parte de la deuda de Puerto Rico de 33.000 millones a 7.500 millones de dólares.
Sin embargo, el plan de la junta requería un pago en efectivo por adelantado de 7.000 millones de dólares a los titulares de bonos y también incluía un canje por 10.000 millones en nuevos bonos. Aún está por resolverse el destino de otras porciones de la enorme deuda de Puerto Rico, incluidos unos 9.000 millones de dólares adeudados por la autoridad de energía eléctrica de la isla y 6.000 millones adeudados por la autoridad vial. Además, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ya ha tenido que pagar más de 1.000 millones de dólares en honorarios legales y profesionales relacionados con la quiebra, principalmente a bufetes de abogados estadounidenses.
Los críticos afirman que las medidas de austeridad impuestas por la junta de control fiscal harán imposible la recuperación económica de la isla. Esas medidas incluyen un recorte de casi el 50% en el presupuesto anual de la principal universidad pública y el requisito de que Puerto Rico gaste hasta 2.300 millones de dólares anuales para reforzar el sistema de pensiones de los empleados públicos.
Inicio