Perú aprobó un proyecto de ley que prohíbe el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Si la presidenta Dina Boluarte la convierte en ley, la legislación podría beneficiar al expresidente condenado Alberto Fujimori y a cientos de personas más que cometieron crímenes durante el conflicto interno que sufrió Perú entre 1980 y 2000. La ONU criticó la legislación y afirmó al respecto: “[esta] pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú”.
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