En Estados Unidos, Planned Parenthood dice haber cerrado las dos clínicas que le quedaban en el estado de Luisiana. De este modo, Luisiana se ha convertido en el cuarto estado del país, y el más poblado, que no posee una clínica de dicha organización de planificación familiar. En un comunicado, la filial de Planned Parenthood en la costa del golfo de México dijo que los cierres no se debieron a la falta de necesidad, sino que fueron “el resultado directo de los continuos ataques políticos, que han hecho que sea imposible seguir operando de manera sostenible en Luisiana”.
Mientras tanto, un juez federal del estado de Texas ha transferido a un tribunal federal del estado de Misuri un caso que impugna el derecho al aborto farmacológico. Se trata de un distrito donde hay un gran número de jueces antiaborto designados por el presidente Trump. Los fiscales generales de los estados de Misuri, Kansas e Idaho están presentando una demanda para restringir la disponibilidad de la píldora abortiva mifepristona. En un comunicado, la organización Reproductive Freedom for All dijo al respecto: “La mifepristona ha sido utilizada de manera segura por millones de personas durante más de dos décadas, y su continuidad sigue estando en peligro debido a que los políticos antiabortistas están decididos a prohibirla y restringirla en todas partes, incluso en los estados donde el aborto está protegido [por la ley]. Este es otro intento flagrante de forzar, mediante una vía indirecta, la prohibición del aborto”.
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