La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el lunes al Gobierno de Trump expulsar a migrantes y solicitantes de asilo venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII que fue promulgada en una época de guerras. Sin embargo, el alto tribunal estadounidense dictaminó que las personas objeto de deportación deben tener derecho a una audiencia judicial. El mes pasado, el Gobierno de Trump envió a El Salvador tres aviones con 238 ciudadanos venezolanos a bordo, a pesar de una orden judicial que lo impedía. Los migrantes venezolanos fueron trasladados luego a una megacárcel de máxima seguridad de dicho país.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, también suspendió temporalmente el fallo de un tribunal inferior que ordenaba al Gobierno de Trump traer de vuelta a su casa en el estado de Maryland a un padre de familia salvadoreño que fue enviado erróneamente a la megaprisión de El Salvador, a pesar de tener un estatus migratorio legal que le protegía de una posible deportación.
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Mientras tanto, familiares y amigos de Andry Hernández Romero, un solicitante de asilo venezolano gay que también fue enviado a El Salvador, afirman que temen por la seguridad de este en la tristemente célebre megacárcel salvadoreña, denominada CECOT. Aparentemente, Romero fue expulsado de Estados Unidos debido a los tatuajes en sus antebrazos: una corona con la palabra “mamá” y otra con la palabra “papá”. Expertos señalan que los tatuajes no son un identificador de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, como afirman falsamente las autoridades migratorias.
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