La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que los jueces de tribunales inferiores ya no tendrán la facultad de emitir órdenes judiciales a nivel nacional, ni siquiera para impedir que el presidente del país tome medidas ilegales. El caso se deriva de los intentos de Trump de prohibir el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, algo garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Después de que tres jueces federales bloquearan la orden ejecutiva de Trump que anulaba ese derecho, el Gobierno estadounidense realizó una solicitud de emergencia a la Corte Suprema para que emitiera un fallo a ese respecto. El viernes, la mayoría ultraconservadora del alto tribunal estadounidense otorgó esa solicitud en un fallo de seis votos a favor y tres en contra. La decisión, que anula décadas de jurisprudencia, limita de manera significativa la facultad de los jueces de tribunales de distrito y de apelación para impedir que el Gobierno aplique leyes o políticas que violen la Constitución. En un contundente escrito de disenso, la jueza Sonia Sotomayor escribió: “Ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen jurídico que crea la Corte. Hoy, la amenaza se cierne sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Mañana, un Gobierno diferente podría intentar confiscar armas de fuego a ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que personas de ciertas religiones se reúnan para practicar su culto”.
En otro fallo emitido el viernes, la Corte Suprema falló a favor de unos padres y madres del estado de Maryland que se oponen, por motivos religiosos, al uso de libros de temática LGBTQ+ en las escuelas.
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