El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con los líderes del Reino Unido, Alemania, Francia, Finlandia e Italia, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esto ocurre tres días después de que Trump se reuniera con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el estado de Alaska, pero no lograra llegar a un acuerdo de paz. Antes de las conversaciones celebradas en Alaska, Trump había prometido que Rusia enfrentaría “consecuencias muy graves” si Putin no accedía a detener la guerra, pero el mandatario estadounidense retiró luego su exigencia de un alto el fuego. Como condición para poner fin a la guerra, Putin insiste en que Ucrania renuncie a la región oriental de Dombás. Estas fueron las palabras que Putin pronunció el viernes al respecto.
Vladimir Putin: “Estamos convencidos de que, para que el acuerdo con Ucrania sea sostenible y duradero, se deben eliminar todas las causas profundas de la crisis, que se han discutido repetidas veces. Deben tenerse en cuenta todas las legítimas preocupaciones de Rusia y debe restablecerse un equilibrio justo en el ámbito de la seguridad en Europa y en el mundo en su conjunto. Estoy de acuerdo con el presidente Trump, quien habló sobre esto hoy, en que, por supuesto, también se debe garantizar la seguridad de Ucrania”.
Tras hacer breves comentarios, Putin y Trump no respondieron a ninguna pregunta. El domingo por la noche, Trump publicó un mensaje en internet que decía: “Zelensky, [el presidente] de Ucrania, puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, o puede seguir luchando”. Trump afirmó que Zelensky debe renunciar a su aspiración de unirse a la OTAN o de recuperar Crimea, una península que Rusia anexó en 2014. Funcionarios del Gobierno de Trump han planteado la idea de que Estados Unidos ofrezca a Ucrania algún tipo de garantía de seguridad.
Mientras tanto, Zelensky acusó a Putin de intentar “humillar los esfuerzos diplomáticos” al lanzar en las últimas 24 horas ataques contra Járkov y Zaporiyia, que dejaron al menos diez muertos, entre ellos tres menores.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha suspendido el otorgamiento de visas de visitante para personas provenientes de Gaza, incluidos menores que necesitan atención médica urgente. La medida se anunció el sábado, un día después de que la activista de extrema derecha Laura Loomer publicara un video en el que se quejaba de que niños y niñas palestinos heridos están llegando a Estados Unidos para recibir atención médica.
La oficina en Estados Unidos del Fondo de Ayuda para la Infancia Palestina calificó la medida como una “decisión peligrosa e inhumana”. La organización afirmó al respecto: “Las evacuaciones médicas son un salvavidas para los niños y niñas de Gaza que, de otro modo, enfrentarían sufrimientos inimaginables, o la muerte, a causa del colapso de la infraestructura sanitaria en ese territorio”.
La organización Amnistía Internacional acusó a Israel de estar llevando a cabo una “campaña deliberada de hambruna” que está “destruyendo de manera sistemática la salud, el bienestar y el tejido social de la vida palestina”. Desde octubre de 2023, al menos 263 palestinos han muerto de inanición en Gaza en medio del bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria.
Mientras tanto, Israel está intensificando sus ataques contra la ciudad de Gaza en su intento por desalojar por la fuerza a todos sus habitantes. El domingo, un ataque aéreo israelí impactó en el hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza y mató al menos a siete personas. Hamás afirmó el domingo que el plan de Israel de reubicar a todos los residentes de la ciudad de Gaza constituye una “nueva oleada de genocidio y desplazamiento”.
Estas fueron las palabras expresadas por una estudiante de medicina palestina, en un mensaje de audio que envió desde Gaza a una colega que reside en Estados Unidos.
Estudiante de medicina palestina: “Ahora mismo solo quiero morir. Creo que es la única forma de encontrar alivio. No quiero que me obliguen otra vez a desplazarme. Estoy tan cansada. Estoy tan cansada. Ojalá pudiera verte pronto, aunque solo fuera por un momento, y abrazarte antes de morir”.
El Canal 12 de Israel ha emitido grabaciones filtradas en las que el exjefe de la inteligencia militar israelí Aharon Haliva afirma que 50 palestinos deben morir por cada víctima del ataque que Hamás llevó a cabo en Israel el 7 de octubre de 2023. En las grabaciones, se escucha a Haliva decir: “Ya no importa si son niños”. Y agregaba: “[Los palestinos] necesitan una Nakba de vez en cuando para sentir el precio”.
En Israel, más de 500.000 personas se manifestaron el domingo en la ciudad de Tel Aviv para exigir el fin de la guerra en Gaza y que el Gobierno israelí llegue a un acuerdo para que los rehenes que permanecen retenidos en el enclave palestino sean liberados. Más de un millón de personas participaron en las protestas que se llevaron a cabo en todo Israel luego de que las familias de los rehenes israelíes convocaran un “día de paro nacional”. Estas fueron las palabras expresadas por Lishay Miran-Lavi, cuyo esposo, Omri Miran, está retenido como rehén en Gaza.
Lishay Miran-Lavi: “La semana pasada, decidimos hacer un llamamiento para que todos los ciudadanos de Israel se tomaran un día libre y paralizaran todo el país con un solo mensaje: 'Liberen a los rehenes, tráiganlos a casa y detengan la guerra'. Estamos muy preocupados por nuestros seres queridos que están retenidos en Gaza. Mi Omri lleva allí 681 días. Lo extraño. Nuestras hijas, Roni y Alma, lo extrañan mucho, y yo estoy muy asustada y temerosa por su vida. Lo quiero aquí, y quiero a todos los rehenes aquí”.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arremetió contra los manifestantes y dijo: “Quienes piden el fin de la guerra retrasan la liberación de los rehenes y garantizan que los horrores del 7 de octubre se repitan”.
El Gobierno de Trump está ampliando el control federal sobre Washington D.C. y los gobernadores republicanos de los estados de Virginia Occidental, Ohio y Carolina del Sur acordaron enviar a dicha ciudad a al menos 700 efectivos adicionales de sus respectivas guardias nacionales. En lo que constituye un importante cambio de política, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos informó que los soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C. podrían portar armas próximamente.
Mientras tanto, el Gobierno de Trump ha dado marcha atrás en su plan de designar al director de la Administración de Control de Drogas como comisario de policía de emergencia de Washington D.C., después de que la ciudad presentara una demanda contra la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Esto se produce al tiempo que se ha vuelto viral un video en el que seis agentes federales enmascarados detienen y derriban a un repartidor de alimentos después de que este saliera el sábado por la mañana de una cafetería situada en el noroeste de Washington. Los agentes derribaron violentamente contra el suelo al hombre, un inmigrante venezolano llamado Cristian Enrique Carias Torres, y aparentemente le dispararon con una pistola paralizante. Después, los agentes se lo llevaron en un vehículo sin identificación, mientras quienes estaban en el lugar les lanzaban gritos.
El sábado, miles de manifestantes marcharon hacia la Casa Blanca para condenar el control federal de Washington D.C. por parte de Trump.
Manifestantes: “¡Militares en la esquina, federales en la cuadra! ¡Militares en la esquina, federales en la cuadra! ¡Hay que detener este control fascista! ¡Hay que detener este control fascista!”.
En Nueva York, activistas por los derechos de los inmigrantes están exigiendo la liberación de una escolar de siete años que la semana pasada fue detenida, junto con su hermano de 19 años y su madre, en el edificio 26 de Federal Plaza, durante una cita de rutina con el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Este es el primer arresto migratorio de un menor de 18 años registrado en la ciudad de Nueva York desde que comenzó el segundo mandato de Trump. El medio The City informa que la niña y su madre fueron trasladadas a un campamento de detención familiar recientemente reabierto en la localidad de Dilley, estado de Texas, mientras que el joven fue enviado a Delaney Hall, una problemática cárcel para inmigrantes situada en la ciudad de Newark, estado de Nueva Jersey. La familia, que es originaria de Ecuador, reside en el distrito de Queens. Mientras tanto, algunos legisladores demócratas han pedido a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, que corte el suministro eléctrico en el edificio 26 de Federal Plaza para poner fin a lo que califican como “una ocupación” del lugar por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La cadena de noticias CNN informa que las fuerzas armadas estadounidenses están desplegando más de 4.000 infantes de marina y marineros en el sur del Caribe, junto con un submarino de ataque de propulsión nuclear, un avión espía, varios destructores y un crucero de misiles guiados. Esto ocurre después de que el presidente Trump firmara una directiva secreta que autoriza el uso de la fuerza militar para llevar a cabo operaciones en América Latina con el pretexto de combatir a cárteles de la droga.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos ha confirmado que el nuevo paquete presupuestario impulsado por el presidente Trump provocará, en los próximos años, recortes de más de 500.000 millones de dólares en Medicare, un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada que residen en el país. El congresista demócrata del estado de Pensilvania Brendan Boyle dijo al respecto: “Los republicanos sabían que sus exenciones fiscales a los multimillonarios obligarían a recortar más de medio billón de dólares del programa Medicare, pero lo hicieron de todos modos”. La ley presupuestaria promovida por los republicanos también incluye recortes de un billón de dólares al programa Medicaid, que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos.
En el noroeste de Pakistán y en Cachemira, al menos 337 personas han muerto a causa de inundaciones repentinas inducidas por el cambio climático. Asimismo, decenas de personas siguen desaparecidas después de que deslizamientos de tierra sepultaran parcialmente a al menos diez aldeas.
En Bolivia, dos candidatos de derecha celebrarán una segunda vuelta presidencial en octubre. Los resultados de las elecciones celebradas el domingo en ese país ponen fin a dos décadas de Gobierno casi ininterrumpido del partido socialista MAS, que significa Movimiento al Socialismo. El senador Rodrigo Paz, hijo de un expresidente boliviano, alcanzó el primer lugar en los comicios del domingo y se enfrentará al expresidente de derecha Jorge “Tuto” Quiroga, que terminó segundo.
El expresidente boliviano Evo Morales, a quien se le prohibió postularse como candidato, instó a sus partidarios a anular sus votos en señal de protesta. El 19% de los sufragios emitidos fueron considerados nulos. El candidato oficialista del MAS obtuvo poco más del 3% de los votos, apenas suficiente para que el partido mantuviera su estatus legal como agrupación política a nivel nacional.
El Gobierno de El Salvador continuará reteniendo a más de 80.000 personas acusadas de ser miembros de bandas criminales y arrestadas en virtud del estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele. Los legisladores salvadoreños votaron el viernes a favor de prolongar por al menos dos años más el encarcelamiento sin juicio de estas personas, a pesar de que los fiscales todavía no han presentado pruebas que vinculen a decenas de miles de los detenidos con grupos criminales. En la capital del país, San Salvador, se llevaron a cabo protestas en las que familiares de las personas detenidas pidieron su liberación y el fin del régimen de excepción impuesto por Bukele. Estas fueron las palabras expresadas por una madre salvadoreña cuyo hijo está detenido.
Madre salvadoreña: “Cuatro años, entró a cuatro años. El 10 de mayo cumplió tres años, ya entró a cuatro. Ahora yo escucho las noticias y dicen que van dos años más de prórroga para ellos. ¿Cuántos años me lo piensan detener? ¿Y usted cree que si él fuera culpable le hubieran dado esto? ¿Verdad que no? Ya solo me lo hubieran condenado. ¿Por qué me le dan esto y no me lo liberan?”.
En Estados Unidos, el veterano presentador de radio y televisión del estado de Florida Rob Lorei murió a los 70 años. Lorei fue uno de los miembros fundadores de la estación de radio comunitaria WMNF en la ciudad de Tampa, donde trabajó durante más de 35 años. Democracy Now! entrevistó a Lorei varias veces, incluido en 2009, cuando realizamos una cobertura desde Tampa.
Rob Lorei: “Sinceramente, me pregunto si el modelo de radio y televisión pública, que depende de donaciones locales y recibe una pequeña parte de su financiamiento de la Corporación para la Radiodifusión Pública, es realmente un buen modelo. A menudo miro lo que sucede en el Reino Unido y veo esas licencias que la gente paga por la radio y la televisión y pienso: '¿No sería esa una mejor manera de financiar la transmisiones de radio y televisión?'. De esa forma, no tendríamos necesidad de ir cada año al Congreso con el sombrero en la mano para pedir una pequeña asignación”.