El viernes 29 de agosto, un tribunal federal estadounidense de apelaciones anuló la mayor parte de las amplias medidas arancelarias impuestas por el presidente Trump, alegando que carecen de sustento legal. Este fallo podría invalidar muchos de los aranceles establecidos por Trump en abril, en lo que el mandatario anunció como el “Día de la Liberación”, así como aranceles impuestos previamente a Canadá, México y China. Si bien la Casa Blanca se había apoyado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, de 1977, para argumentar que el presidente tiene autoridad para imponer aranceles sin pasar por el Congreso, el dictamen del tribunal de apelaciones califica la imposición de aranceles como “un poder central del Congreso”. La aplicación de la orden no tendrá efecto hasta octubre, lo que dará tiempo al Gobierno de Trump para llevar el caso a la Corte Suprema. Esta decisión judicial responde a dos demandas diferentes que habían impugnado los aranceles: una fue presentada por un grupo de estados de Estados Unidos encabezado por Oregón, y la otra fue presentada por un grupo de empresas.
“Es una decisión de gran envergadura, que rechaza de manera contundente la idea del presidente Trump de que puede imponer aranceles a los consumidores estadounidenses sin la aprobación del Congreso”, señala el abogado Neal Katyal, que representa a las empresas que iniciaron la demanda contra los aranceles.
Por su parte, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, explica que desde su estado se impugnaron judicialmente los aranceles debido al impacto económico que generaban, ya que “alrededor del 70% o el 80%” de los costos” recaen en los consumidores estadounidenses. “Realmente creo que tenemos que empezar a llamarlos impuestos regresivos”, dice Rayfield.
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