Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos está llevando a cabo audiencias sobre el caso que cuestiona la constitucionalidad de la política del presidente Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. En el primer día de su segundo mandato como presidente, Trump firmó una orden ejecutiva que declara que ya no se otorgará automáticamente la ciudadanía estadounidense a bebés que nazcan de madres y padres que no tengan un permiso de residencia legal en el país.
Se trata de una medida “sumamente ilegal, inconstitucional y moralmente incorrecta”, plantea Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos Migratorios de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), organización que está representando judicialmente, en una demanda colectiva, a todos los niños y niñas a los que afectaría la orden ejecutiva de Trump. Wofsy añade que, en los próximos 20 años, esta orden afectaría a alrededor cinco millones de niños nacidos en Estados Unidos.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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