
El jueves 16 de abril, Aliya Rahman, una habitante de Mineápolis que, en enero de 2026, fue detenida violentamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la “Operación Metro Surge”, presentó una demanda judicial a nivel federal por agravio contra el Departamento de Seguridad Nacional, en la que alega que la agencia hizo un uso excesivo de la fuerza y violó sus derechos. Rahman no fue imputada por ningún delito. “Maltrataron a Aliya. Agredieron a Aliya. Fueron negligentes respecto a la atención médica para Aliya”, señala Jessica Gingold, abogada de Rahman. “Todas esas cosas son ilegales y esta es la herramienta que tenemos para asegurarnos de que paguen por ello”.
Aliya Rahman estaba yendo al médico y encontró el camino bloqueado por vehículos del ICE. Los agentes rompieron la ventana y sacaron a Rahman violentamente del auto. Dice que les dijo que es discapacitada y autista, pero se burlaron de ella. La trasladaron a una cárcel del ICE, donde se le negó la atención médica. En un momento quedó inconsciente y se despertó en un hospital. “Mi esperanza es que el pueblo estadounidense pueda ver que tenemos esta opción que, algún día, podría hacer que cometer estos actos masivos de violencia racial resulten demasiado caros para estas personas, incluso si no comparten nuestros valores”, dice Rahman.
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