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Cuarenta y cinco días después de haber asesinado a Trayvon Martin, un adolescente de 17 años que estaba desarmado, George Zimmerman fue acusado de homicidio en segundo grado. La fiscal especial Angela Corey aseguró que los cargos contra Zimmerman se basan en los méritos del caso y que ni las protestas, ni la enorme campaña que hicieron los medios sociales de comunicación durante varias semanas a nivel nacional influyeron de modo alguno en la decisión. Hablamos con el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), Benjamin Jealous, que no está de acuerdo con esa declaración. “La realidad es que [Corey] no sería la fiscal si no fuera porque la familia [de Trayvon] y millones de personas que los acompañaron se pusieron de pie y dijeron 'Queremos que se haga justicia en este caso'”. También nos acompaña la abogada Jasmine Rand, directora de la división de derechos civiles del estudio jurídico Parks & Crump, que representa a la familia de Martin. “Creo que el gobierno federal tiene que mirar muy de cerca todos los hechos e investigar si hubo o no un crimen de odio”, dice Rand.
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