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El jueves, el director adjunto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), John Inglis, compareció ante el Senado y reconoció que la recolección masiva de los registros telefónicos de millones de estadounidenses, realizada bajo el aval de la Sección 215 de la Ley Patriota, ha sido clave para detener solamente un complot terrorista, no docenas de ellos, como previamente habían alegado otros funcionarios. Anticipándose a esta audiencia en el Senado del miércoles, el gobierno de Obama desclasificó tres documentos relacionados con sus actividades de vigilancia, fuertemente censurados. Pero la Casa Blanca aún se niega a dar a conocer los documentos que contienen los argumentos jurídicos que habilitan el operativo de espionaje masivo y las resoluciones originales del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés) en las que se basó la orden de recopilar los datos de los registros telefónicos. Mientras tanto, el director de la NSA, el general Keith Alexander, dio un discurso el miércoles en la conferencia sobre seguridad informática Black Hat en Las Vegas, una reunión de hackers y profesionales de la seguridad cibernética, y fue interrumpido en varias ocasiones por personas críticas del programa de vigilancia del gobierno. Para hablar sobre estos temas, nos acompañan dos personas: Spencer Ackerman, responsable de la sección de seguridad nacional del periódico The Guardian, y James Bamford, periodista de investigación que ha hecho cobertura informativa sobre la Agencia de Seguridad Nacional durante tres décadas, luego de haber contribuido a revelar su existencia en la década de 1980.
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