El sábado, la Corte Suprema estadounidense restituyó una ley promovida por el partido republicano que prohíbe a quienes trabajan por el acceso al voto recolectar papeletas de voto a distancia. En Nueva Jersey, un juez federal falló contra la queja presentada por el Comité Nacional Demócrata por las actividades realizadas por el Comité Nacional Republicano para el monitoreo de los centros de votación y seguridad de las urnas, determinando que no se había violado ningún acuerdo legal. Por otra parte, quienes trabajan por los derechos electorales aplaudieron el viernes el fallo de un juzgado federal, que ordenó a los comités electorales de diferentes condados de Carolina del Norte que restituyeran inmediatamente en el registro de votantes a las personas que fueron eliminadas equivocadamente de los padrones. Todo esto se da en el contexto de una elección presidencial que, por primera vez en 50 años, se desarrolla sin el amparo integral de la Ley de Derecho al Voto, ya que en 2013 la Corte Suprema abolió elementos clave de la Sección 5 de dicha ley. Esto sucedió en el juicio denominado Condado de Shelby vs. Holder, donde la Corte determinó que los estados con un historial de discriminación racial en el acceso al voto ya no necesitaban un “permiso” del gobierno federal para realizar cambios en sus leyes electorales.
Para ampliar esta información, vea nuestra conversación con Ari Berman, autor del artículo publicado recientemente: “There Are 868 Fewer Places to Vote in 2016 Because the Supreme Court Gutted the Voting Rights Act” (La Corte Suprema cercenó la Ley de Derechos Electorales y por eso hay 868 menos locales de votación para el 2016).
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