En Nicaragua, Amnistía Internacional acusó al gobierno de una “campaña de acoso” contra activistas que se oponen a la construcción de un canal por un valor de 50.000 millones de dólares que comunicaría a los océanos Atlántico y Pacífico. Campesinos nicaragüenses afirman que el proyecto destruiría el medio ambiente y desplazaría a alrededor de 120.000 personas.
Erika Guevara Rosas, abogada de Amnistía Internacional, declaró: “Este canal, que aún no ha iniciado su construcción, pero que ya en estos cuatro años de amenaza ha violentado gravemente los derechos de las comunidades, de las organizaciones que acompañan la lucha en resistencia precisamente porque se han generado situaciones inclusive de represión por parte de las autoridades ante las comunidades que están exigiendo información, y que además le exigen una rendición de cuentas al gobierno”.
En un incidente ocurrido en diciembre del año pasado, activistas afirman que la policía federal lanzó gases lacrimógenos y balas reales y de goma a una caravana de campesinos que se manifestaban.
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