En México, crece la indignación por cómo el gobierno está manejando la crisis causada por el gran terremoto de magnitud 7,1 que tuvo lugar la semana pasada, tras el cual murieron al menos 333 personas. Los habitantes afirman que la asistencia se concentró en los vecindarios más ricos de la capital y dejó sin ayuda a los distritos pobres y sus áreas circundantes. Los habitantes también afirman que las operaciones de rescate del gobierno se suspendieron demasiado pronto y que el terremoto dejó cadáveres y posibles sobrevivientes bajo los escombros.
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