En la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, decenas de personas se reunieron esta semana en la corte de inmigración donde se ordenó la comparecencia de la prominente activista Maru Mora-Villalpando. Fue su tercera audiencia desde que, el año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos decidió deportarla luego de que organizara una serie de “talleres de resistencia” en todo el estado. El juez fijó una nueva fecha de audiencia para noviembre, y Mora-Villalpando prometió regresar acompañada por más manifestantes.
Maru Mora-Villalpando afirmó: “Creo que, de alguna manera, venir a este edificio para mostrar el epicentro de detenciones y deportaciones en Washington es, definitivamente, parte de nuestro trabajo y lo beneficia, porque la mayoría de las personas no sabía que este lugar existía. En primer lugar, no tienen idea de que este edificio privado alberga muchas oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia. Aquí es donde se toman las decisiones. Y estamos muy contentos de traer gente aquí cada vez que venimos, para que las personas comprendan que este es otro lugar de resistencia”.
Mora-Villalpando tiene pendiente una demanda de derechos civiles que cuestiona la forma en que el Servicio de Inmigración vigila, detiene y deporta a prominentes activistas inmigrantes. El caso hace referencia al arresto del conocido activista de la ciudad de Nueva York Ravi Ragbir, que se produjo durante un control rutinario con el Servicio de Inmigración. La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones dictaminó a favor de Ragbir en su propio caso de libertad de expresión, señalando que la Primera Enmienda prohíbe al Servicio de Inmigración seleccionar activistas para la deportación en función de su discurso político. En su fallo, el tribunal escribió: “Permitir que se produzca esta conducta de represalia bloqueará ampliamente el discurso protegido, no solo entre los activistas que están sujetos a órdenes finales de deportación, sino también en aquellos ciudadanos y otros residentes que temerían represalias contra terceros”.
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