En el estado de Alabama, en Estados Unidos, la gobernadora republicana Kay Ivey promulgó una ley que obliga a los autores de delitos sexuales cometidos contra niños a someterse a la castración química como condición impuesta para su libertad condicional. La ley se aplicaría a cualquier persona declarada culpable de haber cometido un delito sexual contra un niño o niña menor de 13 años. Otros seis estados poseen leyes similares para ciertos delincuentes sexuales.
Expertos en medicina y agrupaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación sobre la práctica. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Alabama sostiene que la castración química es inconstitucional, ya que viola las leyes de debido proceso y privacidad. El director ejecutivo de la organización expresó sobre la nueva ley: “Realmente no entienden de qué se tratan las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales no tienen que ver con la gratificación sexual. Se trata de poder. Se trata de control”.
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