En noticias sobre inmigración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció el viernes que comenzaría a realizar redadas masivas de inmigrantes indocumentados a partir del domingo en diez ciudades, incluidas Los Ángeles, Chicago, Miami y Nueva Orleans, en el marco de un operativo denominado “operación familiar”. El sábado, en medio del descontento nacional ante la noticia, Donald Trump dio marcha atrás en ese plan y dijo que demoraría las deportaciones dos semanas más, y puso en manos de los demócratas la responsabilidad de hacer cambios en la política de inmigración si querían evitar que el plan siguiera adelante. Sin embargo, algunos medios de comunicación afirman que la demora fue provocada por una filtración del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, o de su personal, que podría haber comprometido el plan.
Legisladores demócratas acusaron al Gobierno de Trump de utilizar la amenaza de deportaciones masivas como una ficha de negociación para impulsar su agenda de inmigración. El congresista del estado de Texas Joaquín Castro dijo: “La amenaza de ir a buscar y arrastrar a las personas lejos de sus familias y de sus comunidades no debería ser una táctica de negociación para un presidente estadounidense”.
Varias ciudades anunciaron que no cooperarían con el Servicio de Inmigración si se comenzaban a llevar a cabo las deportaciones masivas. El Departamento de Policía de Los Ángeles publicó en Twitter que no participaría en ninguna actividad de control de inmigración, y la recientemente elegida alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, anunció que retiró el acceso del Servicio de Inmigración a las bases de datos de inmigración de la policía de la ciudad.
En otras noticias sobre inmigración, el gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, anunció el viernes que enviaría a otros 1.000 soldados de la Guardia Nacional para ayudar al Gobierno federal en lo que él califica de “crisis en la frontera”.
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