En Honduras, un nuevo informe presentado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirma que, al menos, quince mujeres fueron asesinadas en los primeros catorce días de este año. La violencia contra las mujeres, las personas LGBTQ, los líderes indígenas y los activistas ambientales aumentó estrepitosamente en Honduras durante el gobierno de Juan Orlando Hernández que tiene el respaldo de EE.UU. El informe se da casi cuatro años después de que un grupo de sicarios asesinara Berta Cáceres, indígena activista ambiental, en su casa ubicada en La Esperanza, Honduras. El mes pasado en Tegucigalpa, ciudad capital, siete hombres fueron condenados a cincuenta años de cárcel por ese asesinato ocurrido en marzo de 2016. Cáceres había estado oponiéndose a la construcción de una importante represa hidroeléctrica en el río Gualcarque en terrenos sagrados del pueblo lenca, en el sudoeste de ese país. En noviembre de 2018, un tribunal determinó que el asesinato de Cáceres había sido ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña responsable del proyecto de la represa Agua Zarca, conocida como DESA, que contrataron a sicarios convictos. Cáceres había ganado el Premio Goldman 2015 a los defensores del medio ambiente, por su trabajo de protección de las comunidades indígenas y por su campaña de justicia ambiental contra la construcción de la enorme represa. En diciembre, conversamos con una de sus hijas, Laura Zúñiga Cáceres, en Madrid, España, adonde había viajado para recibir un premio de derechos humanos. “Es una condena tardía. Han sido casi cuatro años de búsqueda de justicia. Es producto de un proceso bastante doloroso y difícil en el que las víctimas hemos estado en disputa directa con un Estado asesino y agresivo. Y ellos produjeron consecuencias mínimas que el Estado podría haber dado”, afirma Zúñiga Cáceres.
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