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El presidente Trump ha firmado ocho sentencias de muerte en lo que va de año, rompiendo un período de 17 años sin ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos. Y hay otras cinco ejecuciones planificadas para las últimas semanas de su gobierno. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno federal tiene previsto asesinar a Brandon Bernard, un hombre negro que tenía 18 años cuando fue condenado como cómplice del asesinato de una joven pareja blanca en Texas. Bernard no mató a ninguna de estas personas y dice que él solo participó como “conductor para la huida” en un robo que salió mal. Citando razones morales y nueva evidencia, cinco de los nueve miembros del jurado sobrevivientes han cambiado de opinión, y la ex fiscal federal adjunta que contribuyó a que se le condenara a muerte está pidiendo que se detenga su ejecución.
Para ampliar esta información, vea (en inglés) nuestra conversación con Liliana Segura, periodista especializada en justicia penal que viene realizando una cobertura exhaustiva del caso para el portal The Intercept. “Es muy inusual que cinco de los nueve miembros del jurado sobrevivientes digan que les gustaría que haya un indulto en este caso”, señala Segura. “La sentencia de muerte de Brandon Bernard está basada en evidencia que han sido fuertemente cuestionada”.
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