El Bloque Hispano del Congreso estadounidense se ha unido a miles de profesionales médicos y agrupaciones en favor de los derechos de los inmigrantes para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas libere a todos los reclusos de las cárceles para inmigrantes. Al menos cuatro solicitantes de asilo y cinco agentes del Servicio de Inmigración han dado positivo por COVID-19, lo que aumenta el temor a que la enfermedad se propague entre los más de 37.000 inmigrantes que se encuentran encarcelados en abarrotadas instalaciones en todo Estados Unidos.
En el estado de Luisiana, el medio The Intercept informa que mujeres encarceladas en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración del sur de Luisiana, de propiedad privada, están aterrorizadas por haber sido expuestas a una persona enferma con coronavirus. Las mujeres mostraron letreros hechos a mano a una cámara de “visitas por video”, en los cuales describen a una mujer ecuatoriana que trabajaba en la cocina de las instalaciones a la que se le proporcionó oxígeno y fue trasladada en una camilla tras presentar síntomas consistentes con COVID-19.
Mientras tanto, más de 80 reclusos inmigrantes en el Centro de Detención del Noroeste, en la ciudad de Tacoma, en Washington, continuaron su huelga de hambre para protestar contra las condiciones dentro de las instalaciones de propiedad privada, exigiendo su liberación inmediata, la reunificación con sus familias y el otorgamiento de visas humanitarias temporales. El martes, partidarios de la medida rodearon la cárcel de inmigración en una caravana, tocando las bocinas de sus automóviles en apoyo de los huelguistas.
El medio BuzzFeed informa que California planea liberar a 3.500 reclusos no violentos bajo libertad condicional en los próximos 60 días, con el objetivo de intentar reducir el hacinamiento en las cárceles. Aunque la población carcelaria total de California es de aproximadamente 122.000 personas, esta sería la mayor liberación masiva de presos estadounidenses desde que comenzó la pandemia.