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Las grandes empresas farmacéuticas contrataron un ejército de lobbistas para incidir en el Congreso estadounidense con el fin de obstaculizar una iniciativa presentada ante la Organización Mundial del Comercio para flexibilizar las leyes de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19. Esto permitiría que países de todo el mundo aumenten la producción y vacunen a más personas y que la pandemia termine antes. Decenas de países del sur global, encabezados por India y Sudáfrica, están exigiendo una suspensión temporal de las patentes de las vacunas, pero los países ricos se han opuesto a la medida. En Estados Unidos, tanto el Gobierno de Trump como el de Biden han rechazado la propuesta de eximir de patentes a las vacunas contra el coronavirus. Lee Fang, periodista de investigación del medio The Intercept, dice que hay un “exceso” de vacunas en los países ricos mientras que el resto del mundo se ve en gran medida obligado a esperar. “Las iniciativas que se basan en acuerdos voluntarios con las empresas farmacéuticas no han funcionado”, dice. Fang también habla sobre sus informes periodísticos sobre los vínculos entre el Gobierno de Biden y los fabricantes de vacunas: la asesora de la Casa Blanca, Anita Dunn, es cofundadora de la consultora SKDK, que trabaja en estrecha colaboración con Pfizer. La asesora de política interna de Biden, Susan Rice, tiene cerca de cinco millones de dólares en acciones de Johnson & Johnson; y el asesor científico de la Casa Blanca, Eric Lander, posee cerca de un millón de dólares en acciones de BioNTech que desarrolló una vacuna contra el coronavirus en colaboración con Pfizer.
Para conocer más sobre este tema, vea (en inglés) la conversación que mantuvimos con Lee Fang.
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