El mismo día en que el más alto tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, aceptó la demanda de Sudáfrica por genocidio en Gaza, Israel acusó a 12 miembros del personal de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada de Palestina (UNRWA) de participar en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Estados Unidos y al menos otros 12 países han suspendido la financiación de la agencia, cuyo personal es de más de 13.000 personas y proporciona ayuda esencial a gran parte de las 2.3 millones de personas que viven en Gaza. “Es la peor reacción posible a estas acusaciones”, dice Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados. Egeland llama a que se lleve a cabo una investigación sobre el tema, pero sostiene que los donantes deben seguir apoyando a las organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza, de las cuales la UNRWA es la más importante. “Todas las otras organizaciones combinadas no estamos ni cerca de ser lo que es la UNRWA para la gente de Gaza”, explica. La UNRWA ha respondido a las acusaciones con el anuncio de que “rescindirá inmediatamente los contratos de estos miembros del personal e iniciará una investigación”.
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