El Ministerio de Salud de Gaza afirma que, en las últimas 24 horas, las fuerzas armadas israelíes han matado a ocho palestinos en diferentes partes de la Franja. Al menos 118 palestinos han muerto en ataques israelíes contra Gaza desde el viernes, cuando Trump instó a Israel a detener sus bombardeos. Estas fueron las palabras expresadas por Ibrahim Dib, un palestino desplazado de Yabalia.
Ibrahim Dib: “Esto es un genocidio, un exterminio humanitario. Durante esta guerra, sufrimos pobreza, hambruna, desplazamiento y todo tipo de cosas que repugnan a los seres humanos. Si miran a la gente ahora, los vivos simplemente se parecen a los muertos, solo por la guerra”.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, rezó este miércoles en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén.
Itamar Ben-Gvir: “Dos años después de la terrible masacre, estamos aquí, en el Monte del Templo, donde hay victoria. Cada casa de Gaza tiene una imagen del Monte del Templo. Y hoy, dos años después, estamos siendo victoriosos en el Monte del Templo. Somos los dueños del Monte del Templo”.
Hamás calificó la visita de Ben-Gvir al complejo de la mezquita de Al-Aqsa de “deliberadamente provocativa”.
El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno de Trump Jared Kushner asistirán este miércoles a las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza que se están celebrando en Egipto. Hamás e Israel están llevando a cabo negociaciones indirectas sobre un plan de 20 puntos propuesto por el presidente Trump. El primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, y el jefe de inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, también asistirán a las negociaciones. Un alto funcionario de Hamás dijo a la agencia de noticias Reuters que los negociadores de Hamás e Israel han intercambiado las listas de los prisioneros palestinos y los rehenes retenidos en Gaza que serían liberados si se llega a un acuerdo de alto el fuego. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed al-Ansari.
Majed al-Ansari: “Es pronto para hablar sobre un posible plan alternativo. Estamos hablando de implementar este plan, el plan de Trump, y aplicarlo. Todas las partes han acordado este plan, por lo que ahora no hay obstáculos para aceptar los 20 puntos contenidos en el plan del presidente Trump. Los obstáculos ahora están relacionados con su implementación”.
Las fuerzas armadas de Israel interceptaron el martes otra flotilla de ayuda humanitaria que intentaba romper el bloqueo israelí de Gaza. Los movimientos Coalición de la Flotilla de la Libertad y Mil Madleens a Gaza, que operaban una nueva flota de once barcos con 150 personas a bordo, incluidos trabajadores médicos, inicialmente dijeron que tres embarcaciones fueron interceptadas a unos 220 kilómetros de las costas de Gaza. Poco después, todos los barcos de la flotilla fueron interceptados por Israel.
En un comunicado, los movimientos dijeron al respecto: “Hasta el momento, las fuentes indican que la tripulación desarmada a bordo, incluidos los trabajadores médicos, los periodistas y funcionarios elegidos por voto popular, ha sido llevada por la fuerza, así como la ayuda vital valuada en más de 110.000 dólares, que incluía medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales para los devastados hospitales de Gaza. Por el momento, se desconoce el paradero de la tripulación”.
El cierre del Gobierno de Estados Unidos ha entrado en su octavo día. Según se informa, en la Casa Blanca está circulando un borrador de memorando que establece la posibilidad de que cientos de miles de trabajadores federales que han sido suspendidos debido al cierre del Gobierno no reciban automáticamente su salario retroactivo una vez finalizada la paralización de los servicios gubernamentales. El memorando, según reportes, establece que el Congreso debe aprobar nuevos fondos para que los trabajadores reciban su salario retroactivo. En declaraciones a la prensa, el presidente Trump volvió a amenazar el martes con utilizar la paralización de los servicios gubernamentales para implementar despidos masivos y recortar programas públicos.
Presidente Donald Trump: “Se podría decir que una de las cosas que tenemos es cierta ventaja, pero debido al cierre [del Gobierno], que creo que cometieron un gran error, podemos eliminar miles y miles de millones de dólares de desperdicio, fraude y abuso. Y nos lo han servido en bandeja de plata. Y ustedes conocen a Russell Vought. Es una persona seria, muy seria. Y Vought está allí y se está preparando para recortar cosas”.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha advertido sobre la escasez de personal en los aeropuertos de las ciudades de Nashville, Boston, Dallas, Chicago y Filadelfia, así como en los centros de control de tráfico aéreo del área de Dallas-Fort Worth y las ciudades de Atlanta y Houston. En el aeropuerto de la ciudad de Burbank, la torre de control de tráfico aéreo estuvo sin personal durante horas. Los dirigentes de los sindicatos que representan a los controladores de tráfico aéreo y a los inspectores de seguridad aeroportuaria dijeron que la situación empeorará a medida que la paralización de los servicios gubernamentales se prolongue.
Cientos de efectivos de la Guardia Nacional del estado de Texas han llegado a Chicago, al tiempo que el presidente estadounidense intensifica su represión en la ciudad. Trump ha calificado a Chicago como una “zona de guerra”, debido a las crecientes protestas contra las redadas migratorias masivas que allí se están llevando a cabo. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó esta semana una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos utilizar estacionamientos y otras propiedades de la ciudad como puntos de preparación para llevar a cabo sus redadas.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) está acusando al Gobierno de Trump de someter intencionalmente a los inmigrantes detenidos en la tristemente célebre Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como la cárcel de Angola, a condiciones inhumanas. La cárcel de Angola es una antigua plantación de esclavos que recientemente se ha utilizado para encarcelar a inmigrantes y solicitantes de asilo. La ACLU presentó el lunes una demanda argumentando que los detenidos están siendo castigados por delitos por los cuales ya han cumplido condena, en violación de la cláusula de Doble Enjuiciamiento, ya que el Gobierno de Estados Unidos no los deportó dentro de los seis meses posteriores a la emisión de la orden de deportación.
En su demanda, el equipo legal de la ACLU escribe al respecto: “La campaña antiinmigrante bajo el pretexto de 'hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro' no justifica ni remotamente la detención indefinida en 'la prisión más sangrienta de Estados Unidos' sin ninguno de los derechos otorgados a las personas que están siendo acusadas de cometer delitos”.
Una investigación de la revista Wired ha revelado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos está ampliando su red de vigilancia de redes sociales en diferentes partes del país. Los registros federales muestran que el Servicio de Inmigración está buscando emplear a más contratistas en el estado de Vermont para ampliar su llamado Centro Nacional de Análisis Criminal y Orientación, que se encuentra ubicado dentro de una discreta propiedad de la ciudad de Williston. El centro de vigilancia es similar a otra instalación que el Servicio de Inmigración posee en la ciudad californiana de Santa Ana. Según se informa, los contratistas tendrán la capacidad de recopilar de Facebook, Instagram y X datos de información personal de los inmigrantes que son objetivo del Servicio de Inmigración, así como de sus familiares, compañeros de trabajo y otros allegados.
A principios de 2025, el Servicio de Inmigración firmó un acuerdo multimillonario con el controvertido gigante de la tecnología de vigilancia Palantir para rastrear y deportar inmigrantes. Ese acuerdo fue una ampliación del contrato con Palantir firmado inicialmente por el Gobierno de Biden.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testificó el martes ante el Comité Judicial del Senado, donde se enfrentó a los demócratas que la acusaron de implementar las órdenes del presidente Trump al utilizar al Departamento de Justicia como arma para perseguir a los oponentes políticos del mandatario. Bondi también fue interrogada sobre el despliegue de la Guardia Nacional y los archivos de Epstein.
Senador Sheldon Whitehouse: “Permítame preguntarle algo más. Se ha informado públicamente que Jeffrey Epstein les mostró a algunas personas fotos del presidente Trump con mujeres jóvenes semidesnudas. ¿Sabe si el FBI encontró esas fotografías cuando registraron la caja fuerte o las propiedades de Jeffrey Epstein, o como parte de la investigación? ¿Ha visto algo por el estilo?”.
Fiscal general Pam Bondi: “Como sabe, senador Whitehouse, usted se sienta aquí y hace comentarios lascivos, una vez más tratando de difamar a diestra y siniestra al presidente Trump, cuando usted era quien estaba recibiendo dinero de, según tengo entendido, Reid Hoffman, uno de los confidentes más cercanos de Epstein, que estuvo con Jeffrey Epstein en múltiples ocasiones. Podría estar equivocada, corríjame. Y el senador que está sentado junto a usted trató de impedir que se publicaran los registros de vuelo. Sin embargo, ¿me está interrogando sobre el presidente Trump y sobre una foto con Epstein? ¡Por favor!”.
El exdirector del FBI James Comey compareció este miércoles ante un tribunal federal para la lectura de cargos. Comey fue acusado de dos cargos penales, que incluyen hacer una declaración falsa ante el Congreso y obstruir un procedimiento del Congreso. El exdirector del FBI fue procesado en el tribunal federal de la ciudad de Alexandria, estado de Virginia, donde también se le tomaron las huellas dactilares. Esto se produce al tiempo que, según se informa, un agente del FBI fue suspendido después de que se negara a organizar un “desfile del sospechoso” para Comey ante los medios de comunicación.
La Corte Suprema de Estados Unidos pareció el martes estar a favor de eliminar la prohibición impuesta por el estado de Colorado a las “terapias de conversión” para las personas menores de edad LGBTQ+ durante los argumentos orales. La impugnación de la prohibición de Colorado fue presentada por la consejera licenciada cristiana Kaley Chiles, quien argumentó que esta prohibición constituye una violación a la libertad de expresión y religión, derechos que han sido garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Mientras tanto, la procuradora general de Colorado, Shannon Stevenson, argumentó que la ley estatal regula la conducta, no el discurso. Estas fueron las palabras expresadas el martes por Stevenson ante el tribunal.
Shannon Stevenson: “La gente ha estado tratando de hacer terapia de conversión durante cien años sin ningún éxito. No existe ningún estudio, a pesar de que la gente haya intentado promover esta práctica, que demuestre la posibilidad de que la terapia de conversión sea eficaz”.
El medio Político informa que el Gobierno de Trump está considerando opciones para privatizar alrededor de 1,6 billones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles federales. Según se informa, funcionarios del Departamento de Educación y del Departamento del Tesoro han estado buscando compradores privados a fin de vender una gran parte de la cartera de préstamos estudiantiles del Gobierno federal, cuya deuda actualmente pertenece a unos 45 millones de personas en Estados Unidos. La medida generaría preocupaciones de índole legal y podría erosionar aún más las protecciones para los prestatarios, al tiempo que activistas en defensa de dichas personas continúan exigiendo la cancelación de los préstamos estudiantiles.
El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, ha promulgado una ley destinada a combatir el antisemitismo en las escuelas, una medida que muchos educadores han advertido que podría conducir a la censura y la persecución de las personas a favor del pueblo palestino. La legislación establece la creación de una “Oficina de Derechos Civiles”, que brindará capacitación al personal escolar para identificar lo que consideran actos de antisemitismo. En una declaración a la agencia de noticias Associated Press, Theresa Montaño, del sindicato California Faculty Association, dijo al respecto: “El discurso de los docentes sobre Palestina o el genocidio en Gaza será vigilado, tergiversado e informado al coordinador de antisemitismo”.
Un jurado de la ciudad de Los Ángeles ha ordenado a la compañía Johnson & Johnson pagar 966 millones de dólares a la familia de una mujer del estado de California que murió de mesotelioma. El jurado halló a Johnson & Johnson responsable de la muerte en 2021 de Mae Moore, quien desarrolló el inusual cáncer después de usar durante años el talco para bebés de la compañía, que estaba contaminado con asbesto, un conocido carcinógeno. Este es el juicio más reciente que enfrenta Johnson & Johnson en medio de los crecientes litigios en su contra, y se produce pocos meses después de que un juez federal rechazara el intento de la compañía de resolver todas las demandas actuales y futuras relacionadas con su talco para bebés mediante la estrategia de quiebra.
La fiscal general del estado de Misuri ha citado formalmente a la organización de planificación familiar Planned Parenthood, en un intento por obtener registros médicos y otros registros confidenciales de pacientes que se sometieron a abortos. Las filiales de Planned Parenthood en Great Plains y Great Rivers, y la delegación en Misuri de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijeron al respecto: “Lo que ocurre en el consultorio con los pacientes y sus proveedores médicos no es un asunto de los políticos, y es por eso que seguiremos luchando por los pacientes y sus derechos”.