En El Salvador, grupos de manifestantes salieron a las calles de la capital, San Salvador, para conmemorar los tres años transcurridos desde que el presidente Nayib Bukele promulgó un estado de excepción que limita las protecciones constitucionales y otorga poderes ilimitados a las fuerzas armadas salvadoreñas para arrestar a personas sospechosas de ser miembros de bandas criminales. Esta política también se ha utilizado para atacar a activistas por los derechos humanos, defensores de la tierra y el agua, y otras personas que critican al Gobierno de Bukele.
Unos 85.000 salvadoreños han sido detenidos y encarcelados sin el debido proceso en estos últimos tres años, al tiempo que sus familiares exigen su liberación. Organizaciones activistas han documentado graves violaciones contra los derechos humanos de los detenidos, al tiempo que se ha informado que decenas de estos han muerto estando bajo custodia policial. Decenas de miles de personas se encuentran detenidas de manera indefinida en el mismo megacomplejo penitenciario de máxima seguridad al que el Gobierno de Trump envió ilegalmente desde Estados Unidos a cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo venezolanos.
Marcela Ramírez: “Nosotros, desde el bloque, condenamos las acciones arbitrarias llevadas a cabo por el presidente Donald Trump y acompañadas por el presidente de facto Nayib Bukele. Nos parece que es una política de criminalización de la pobreza, que es una política xenofóbica. Y que además, la aceptación, el ofrecimiento del Estado salvadoreño para este tipo de medida nos parece que es una subordinación absurda ante la política, vuelvo y repito, criminalizadora de los Estados Unidos”.
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