La Corte Suprema de Estados Unidos parece dispuesta a mantener la disposición sobre atención preventiva de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, tras escuchar el lunes los alegatos en un caso clave para la atención sanitaria del país. Esto se produce en momentos en que el Gobierno de Trump planea desmantelar los programas de salud pública en su nuevo presupuesto, imponiendo un recorte de 40.000 millones de dólares al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La propuesta del Gobierno estadounidense, que debe ser aprobada por el Congreso, también consolidaría una serie de funciones del Departamento de Salud bajo la nueva “Administración para un Estados Unidos Saludable” del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Entre los programas afectados por los recortes propuestos se encuentran algunos que abordan la violencia con armas de fuego, la prevención de la violencia juvenil, y la atención sanitaria de las minorías y la población rural. La congresista demócrata del estado de Connecticut Rosa DeLauro advirtió que la propuesta del Gobierno de Trump “sometería a los estadounidenses a enfermedades prevenibles y muertes prematuras”.
Mientras tanto, los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que retirarán los fondos federales para investigación de las universidades que tengan programas de diversidad, equidad e inclusión o que participen en boicots a empresas israelíes.
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