Titulares30 de junio de 2025

Decenas de miles de palestinos huyeron el domingo del centro y norte de Gaza después de que Israel emitiera nuevas órdenes de evacuación forzosa y comenzara a bombardear zonas del este de la ciudad de Gaza. La intensificación de la ofensiva israelí se produce tras otro sangriento fin de semana en el que murieron decenas de civiles palestinos. Entre las víctimas se encuentran varios menores que estaban hacinados en tiendas de campaña, familias que se refugiaban en un estadio deportivo y personas hambrientas que intentaban obtener comida en los centros militarizados de distribución de ayuda. En Yabalia, los equipos de rescate sacaron al menos 15 cadáveres de entre los escombros de una vivienda que fue arrasada por un ataque aéreo israelí el domingo por la mañana.

Am Mohammed: “Hoy nos obligaron a marcharnos, nos ordenaron evacuar, y luego nos bombardearon con proyectiles y aviones de combate. Justo cuando estábamos por escapar, destruyeron nuestras casas con nosotros dentro. ¿Qué quieren de nosotros? Que nos digan lo que quieren. Ya basta. Unas diez personas murieron en la casa, la mayoría niños”.

Diez palestinos murieron en la mañana de este lunes mientras intentaban obtener alimentos en un centro de reparto de ayuda en la ciudad de Gaza. Asimismo, otras dos personas perdieron la vida tras recibir disparos en un centro de ayuda situado en Rafah. Las muertes ocurrieron después de que el periódico Haaretz revelara que oficiales y soldados israelíes afirmaron haber recibido órdenes de disparar contra las personas desarmadas que se encontraran cerca de los puntos de distribución de alimentos en Gaza, aunque estas no representen ninguna amenaza. El Ministerio de Salud de Gaza informa que este tipo de ataques han matado a más de 500 palestinos desde mayo.

Un tribunal israelí en Jerusalén canceló las audiencias previstas para esta semana en el marco del juicio contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. La decisión del tribunal se produjo pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera que se retiraran los cargos.

Las fuerzas armadas rusas lanzaron cientos de drones y misiles contra Ucrania durante la madrugada del domingo, en lo que Kiev ha calificado como el mayor ataque aéreo lanzado por Rusia desde el inicio de su invasión a gran escala de territorio ucraniano. Los ataques mataron al menos a cuatro civiles y tuvieron como objetivo regiones alejadas de los frentes de batalla, entre ellas zonas situadas en el oeste de Ucrania, lo que llevó a Polonia y sus aliados de la OTAN a desplegar aviones de combate a lo largo de sus fronteras. Por otra parte, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que uno de sus pilotos murió al estrellarse su avión F-16. Mientras tanto, las fuerzas armadas rusas dijeron que han tomado el control de más localidades en el este de Ucrania y que, por primera vez, Rusia ha ocupado una aldea en la región centro-oriental de Dnipropetrovsk.

En Kiev, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, firmó el domingo un decreto en el que retira a Ucrania de la Convención de Ottawa, un tratado que prohíbe el uso de minas terrestres.

Presidente Volodymyr Zelensky: “Esto concierne a todos los países que limitan con Rusia. Las minas antipersonal son un instrumento que a menudo no tiene sustituto posible con fines defensivos”.

El viernes, los Gobiernos de Letonia, Lituania y Estonia anunciaron que también se retirarán de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, sumándose así a decisiones similares adoptadas por Finlandia y Polonia. Mientras tanto, Dinamarca ha incluido por primera vez a las mujeres en su servicio militar obligatorio.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que los jueces de tribunales inferiores ya no tendrán la facultad de emitir órdenes judiciales a nivel nacional, ni siquiera para impedir que el presidente del país tome medidas ilegales. El caso se deriva de los intentos de Trump de prohibir el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, algo garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Después de que tres jueces federales bloquearan la orden ejecutiva de Trump que anulaba ese derecho, el Gobierno estadounidense realizó una solicitud de emergencia a la Corte Suprema para que emitiera un fallo a ese respecto. El viernes, la mayoría ultraconservadora del alto tribunal estadounidense otorgó esa solicitud en un fallo de seis votos a favor y tres en contra. La decisión, que anula décadas de jurisprudencia, limita de manera significativa la facultad de los jueces de tribunales de distrito y de apelación para impedir que el Gobierno aplique leyes o políticas que violen la Constitución. En un contundente escrito de disenso, la jueza Sonia Sotomayor escribió: “Ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen jurídico que crea la Corte. Hoy, la amenaza se cierne sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Mañana, un Gobierno diferente podría intentar confiscar armas de fuego a ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que personas de ciertas religiones se reúnan para practicar su culto”.

En otro fallo emitido el viernes, la Corte Suprema falló a favor de unos padres y madres del estado de Maryland que se oponen, por motivos religiosos, al uso de libros de temática LGBTQ+ en las escuelas.

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En el Congreso de Estados Unidos, los senadores están debatiendo un proyecto de ley presupuestario impulsado por Trump, de 940 páginas, que el mandatario estadounidense ha descrito como “grande y hermoso”. La sesión duró toda la noche del domingo y continuó durante la madrugada del lunes. Los republicanos están intentando acelerar el proceso para cumplir con la fecha límite del 4 de julio impuesta por Trump para convertir el proyecto en ley. La versión del proyecto de ley presentada por los republicanos del Senado propone recortes aún más drásticos en la atención sanitaria, incluyendo recortes de más de un billón de dólares solo en Medicaid, un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que casi 11,8 millones de personas perderán su seguro médico si el proyecto se convierte en ley. El organismo también advierte que el proyecto de ley aumentará la deuda nacional de Estados Unidos en aproximadamente 3,3 billones de dólares durante la próxima década. Asimismo, la legislación no solo pone fin a subsidios para las fuentes de energía renovable, sino que también contempla la aplicación de un nuevo impuesto a proyectos de energía solar y eólica. El senador Bernie Sanders se pronunció el domingo en contra del proyecto de ley en una publicación en redes sociales.

Senador Bernie Sanders: “Es realmente repugnante que se otorguen exenciones fiscales a quienes no las necesitan, que se deje sin cobertura sanitaria a 16 millones de personas, que se recorten programas de nutrición destinados a niños y niñas con hambre, y que se dificulte a los jóvenes de clase trabajadora el acceso a la universidad. Esta es una legislación realmente obscena”.

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El senador republicano del estado de Carolina del Norte Thom Tillis dijo el domingo que no se presentará a la reelección cuando expire su mandato el próximo año. El anuncio de Tillis se produjo después de que este se negara a apoyar el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria impulsado por Trump en una votación de procedimiento celebrada el sábado. El hecho provocó una airada respuesta del presidente Trump, quien recurrió a las redes sociales para lanzar insultos contra el senador Tillis y amenazó con apoyar a un candidato contrincante en las primarias republicanas.

El Gobierno de Trump anunció el viernes que cancelará el estatus de protección temporal de más de medio millón de inmigrantes haitianos que enfrentarán una posible deportación cuando dichas protecciones finalicen en septiembre. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que Haití es ahora un país seguro y que ya no reúne las condiciones para otorgar un estatus de protección temporal, debido a la mejora de la situación en el país. Los inmigrantes haitianos recibieron por primera vez el estatus de protección temporal tras el devastador terremoto que sufrió Haití en 2010. Desde entonces, el empeoramiento de la violencia de los grupos armados y la inestabilidad política, alimentada por la intervención extranjera, ha provocado una crisis humanitaria cada vez más grave en Haití. Según datos de mayo de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 1,3 millones de personas han tenido que desplazarse a otras partes de Haití, muchas de ellas escapando de grupos armados que actualmente controlan la mayor parte de la ciudad de Puerto Príncipe.

Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización Haitian Bridge Alliance, dijo en un comunicado: “Devolver a cientos de miles de personas a un país controlado por pandillas, donde los hospitales están cerrados y la comida escasea, es un ataque directo a las comunidades de inmigrantes negros. No se trata de una política. Es una deshumanización”.

Un juez federal de la ciudad de San Diego dictaminó el viernes que el Gobierno de Trump no puede deportar a miles de familias solicitantes de asilo que fueron separadas durante el primer mandato de Trump y que fueron parte demandante en un caso ya resuelto contra el Gobierno federal. El abogado de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles Lee Gelernt, que representa a las familias, afirmó que el Gobierno no ha proporcionado información sobre los demandantes que han sido detenidos o expulsados de Estados Unidos. La organización confirmó que al menos un menor que fue separado de sus padres bajo la llamada “política de tolerancia cero” ya ha sido deportado. El juez federal de distrito Dana Sabraw concluyó a principios de este mes que el Gobierno de Trump ya había violado los términos del acuerdo establecido en 2023. Más de 1.000 menores inmigrantes separados de sus padres durante la primera presidencia de Trump aún no han sido reunidos con sus familias.

El rector de la Universidad de Virginia renunció el viernes a su cargo debido a la presión ejercida por el Gobierno de Trump y en medio de la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo sobre las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en ese centro educativo. La abrupta renuncia del rector James Ryan se produjo después de que el Departamento de Justicia amenazara con bloquear todos los fondos federales para la Universidad de Virginia si Ryan permanecía en el cargo. Esto ocurre a pesar de que la junta directiva de la universidad votó en marzo a favor de cerrar su oficina de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y poner fin a todas las políticas de diversidad en materia de admisiones, empleos y ayuda financiera.

El Gobierno de Trump afirma que está poniendo fin a una norma denominada Roadless Area Conservation Rule, promulgada en 2001, que protege de la tala y la construcción de nuevas carreteras a casi 25 millones de hectáreas del Sistema Forestal Nacional. La organización jurídica en defensa del medio ambiente Earthjustice anunció que presentará una impugnación legal al respecto. Por su parte, la organización ambientalista Sierra Club criticó duramente la decisión y escribió: “Una vez más, el Gobierno de Trump está desoyendo las voces de millones de estadounidenses para favorecer a empresarios multimillonarios, amigos [de Trump]”.

El Gobierno de Canadá descartó el domingo la imposición de un impuesto del 3% sobre los ingresos de las empresas de tecnología, apenas horas antes de que entrara en vigor. La marcha atrás se produjo después de que el presidente Trump dijera el viernes que suspenderá las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá y que establecería una nueva tasa arancelaria sobre los productos canadienses en el transcurso de la semana siguiente. El impuesto sobre los servicios digitales de Canadá habría recaudado miles de millones de dólares al año en ingresos de gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon, Meta y Apple.

Millones de personas salieron el fin de semana a las calles de diversas partes del mundo para conmemorar las celebraciones del Día Internacional del Orgullo y muchas de ellas desafiaron las medidas represivas de sus Gobiernos contra las comunidades LGBTQ+. En la ciudad de Estambul, Turquía, la policía arrestó el domingo a más de 50 personas que intentaban participar en una marcha prohibida.

En Hungría, la marcha del sábado atrajo a unas 100.000 personas en lo que se describe como la mayor celebración del Orgullo LGBTQ+ en la historia de ese país. La concentración pacífica se produjo como un acto de desafío contra el primer ministro Viktor Orbán y las políticas impulsadas por su Gobierno contra la comunidad LGBTQ+.

Reka Eszes: “Este año, la situación se ha vuelto tan tóxica y hostil, incluso en Budapest, que ahora debemos alzar la voz con más fuerza. Siempre de forma pacífica, por supuesto, pero tenemos que estar presentes y salir a las calles”.

En la ciudad de Nueva York, se estima que un millón de personas participaron durante el fin de semana en las celebraciones del Día Internacional del Orgullo. El domingo por la noche, cuando las manifestaciones estaban terminando, dos personas adolescentes resultaron heridas tras recibir disparos cerca del histórico bar para personas gays y trans llamado Stonewall Inn, lugar de las protestas de 1969 que dieron inicio al movimiento por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Por el momento, no ha habido arrestos en relación con este ataque.